La industria de las telecomunicaciones pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que el beneficio de inmunidad y reducción de sanciones a quienes reconozcan ante la autoridad su participación en prácticas monopólicas sea otorgado únicamente a quienes hayan sido coaccionados u obligados a participar en la conducta ilegal y claramente no sean los responsables o autores de la práctica.
El IFT llevó acabo la consulta pública del anteproyecto: “Guía del programa de inmunidad y reducción de sanciones para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, con la cual buscará incentivar la detección y eliminación de prácticas monopólicas absolutas (PMA) bajo una figura similar a la del testigo protegido.
En la consulta únicamente participaron Megacable, AT&T y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).
La Canieti indicó que, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, las comisiones encargadas de sancionar las prácticas monopólicas absolutas han excluido de sus programas de inmunidad y reducción de sanciones a los agentes que hayan coaccionado a otros para incurrir en este tipo de prácticas.
“Esto tiene sentido en un país en el que el mayor competidor en el sector de telecomunicaciones tiene el poder suficiente para coaccionar a otros agentes económicos y que conociendo los beneficios de acogerse al programa, no dudaría en solicitar los beneficios y seguir incurriendo en prácticas monopólicas absolutas”, dijo.
En la imposición de multas, el IFT deberá considerar los elementos para determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica, así como su capacidad económica; en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones.
Al respecto, Megacable consideró imprescindible incluir los parámetros para la imposición de multa.
AT&T propuso utilizar el concepto de valor añadido, utilizado por la Comisión de Competencia de la Unión Europea para la evaluación de la información. Dicho concepto alude a la medida en que los elementos de prueba aportados aumentan la capacidad del instituto de probar los hechos de que se trata, ya sea por su propia naturaleza, por su nivel de detalle o por ambos conceptos.
“Incluir este concepto es importante para no dejar totalmente a la discrecionalidad del instituto la evaluación de información y otorgar certeza jurídica a los agentes que se acojan al programa de inmunidad y reducción de sanciones”, dijo.
La idea del IFT es dar incentivos para que los agentes económicos que actualmente están participando o realizando de forma directa una práctica monopólica se acerquen a la autoridad y confiesen su participación en el cártel y proporcionen información a cambio de recibir una reducción en la sanción que se les pudiera imponer.
