Vía Milenio
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que recabará datos biométricos con la intención de disminuir los casos de extorsión telefónica, tendrá costos millonarios y no cumplirá su objetivo, dijeron a MILENIO expertos del sector de telecomunicaciones.
“Sabemos que el 80 por ciento de las extorsiones telefónicas provienen de las cárceles, así que pretender que más de 120 millones de teléfonos se registren para atacar este delito suena ridículo”, acusa Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) en entrevista con MILENIO.
Es una iniciativa con buenas intenciones, pero mal planeada, opina Ernesto Piedras, experto en telecomunicaciones y director general de la consultora The Competitive Intelligence Unit.
Este error nos va a costar a todos económicamente, recalca Soria. En el IDET calculan que el padrón, simplemente en servidores y software, costará alrededor de 20 millones de dólares.
Previo a la aprobación de la creación del padrón, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expuso que la infraestructura y operación costaría 109 millones el primer año y 88 millones por cada año subsecuente con cargo al erario público.
“El IFT tendrá que invertir en tecnología para generar este padrón, también las telefónicas tendrán que hacerlo, algo que finalmente terminarán pagando los usuarios”.
Este padrón deberá cubrirse con el presupuesto actual del IFT, el cual es de mil 510 millones de pesos. “Los servidores para la administración central del padrón la debe llevar el IFT, mientras que el software y las terminales para recabar los datos, eso probablemente sea inversión de las compañías telefónicas”, explica Soria.
AT&T México expuso su postura a MILENIO: “Hemos estado trabajando como industria con el gobierno en algunas actividades para combatir las llamadas de extorsión y consideramos que hay otros mecanismos más efectivos y menos complejos de implementar para combatirlas”. Aún se encuentran revisando las implicaciones de esta iniciativa.
Finalmente, “generar bases de datos y tener los servidores para administrarlos tiene costos que pueden ser no marginales porque estamos hablando de 126 millones de líneas telefónicas que hay en el mercado”, analiza Piedras.
Efecto contraproducente
Ya una vez se intentó combatir los delitos que usan las líneas telefónicas como herramienta durante el sexenio de Felipe Calderón, mediante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), el cual fue derogado por su ineficacia en 2011, por lo que el Senado de México aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones para desaparecerlo.
En un oficio enviado por el IFT el 16 de marzo de 2021 a la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República se leyó sobre el RENAUT: “Los delincuentes utilizaron celulares o SIMs robados o adquiridos en el mercado negro, que seguramente no estaban registrados a nombre del propio delincuente; se produjo la suplantación de los titulares de las líneas celulares”.
“Es ingenuo pensar que los criminales que cometen delitos de alto impacto, como secuestro o trata de personas vayan a Telcel a registrar sus datos personales y biométricos, que les tomen sus huellas dactilares, le escaneen el rostro o el iris”, agrega Soria.
Riesgos de nuevo registro
Además, prevé que “los datos de aquellos que vayan de buena fe a registrarse terminarán en el mercado negro, con el grave riesgo que implica que te saqueen tus cuentas bancarias con tu información biométrica se pueden meter a la app de tu teléfono y vaciarte la cuenta”.
Ernesto Piedras concluye que la construcción del padrón “es un error muy grande que nos puede lastimar a todos los usuarios porque la autoridad ha mostrado no ser eficiente administrando bases de datos, además compartir tus datos personales y biométricos causa mucha incertidumbre”.
Soria plantea que dentro de dos años se darán cuenta de que fue un error por la dificultad de registrar a todos los usuarios incluidos los de prepago y los menores de edad, por los delitos que fomentará como el mercado negro de tarjetas SIM y por los costos que representará. “Seguramente alguno de los que hoy votaron a favor, en un par de años, tendrá una iniciativa de reforma a esta ley”.
