El 10 de marzo, días después de que en México se diera a conocer la histórica decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, que modificó y aumentó las medidas impuestas a los dos agentes económicos preponderantes con el objetivo de fortalecer la competencia, el regulador británico Ofcom, que preside Patricia Hodgson, dio a conocer la decisión de BT Group de aceptar las medidas impuestas para separar del grupo a Openreach, la subsidiaria que administra la infraestructura mayorista del operador dominante.
Evidentemente los dos reguladores han concluido de forma similar que pese a los avances logrados en materia de penetración de telefonía móvil y fija, internet y servicios digitales de televisión abierta y por cable, el acceso de terceros a la infraestructura esencial de los Agentes Económicos Preponderantes “ha sido limitada”, por lo que la decisión ha sido ordenar que la separación funcional de Telmex-Telnor (lo que hizo voluntariamente América Móvil con Telesites), debe permitir proveer servicios mayoristas a sus competidores en términos iguales a los que América Móvil se prové, en términos de calidad, cobertura y precio.
Lo mismo ocurre con Televisa: Las medidas de preponderancia impuestas hasta ahora en materia de compartición de infraestructura no han contribuido a reducir las barreras de entrada a la infraestructura pasiva (cables y torres) y, por ende, a mejorar el acceso de terceros competidores a la red, por lo que también le ordena la separación contable de los servicios mayoristas de emisión de señal y coubicación. Nada distinto de lo que se le ha impuesto a otros dominantes o preponderantes en países como Gran Bretaña o en los comunitarios, de manera que es lógico que la competencia aplauda la medida.
Si lo vemos por los resultados de la ENDUTIH, las medidas implementadas han permitido mejorar la penetración de servicios: 65.5 millones de personas utilizan internet, cifra que representa 59.5% de la población de seis años y más en el país y; 81 millones son usuarios de un celular, 60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o smartphone, lo que significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 y 2016 y el potencial de contectividad a internet. En el caso de televisión, 44% de los 28 millones de hogares del país ve televisión abierta, y sólo dos millones de hogares no tiene servicio digital; en tanto que 56% ve televisión de paga.
Si bien la Reforma en Telecomunicaciones permitió la entrada de nuevos operadores y la disminución del precio de las tarifas, fue hasta hace unos días que el IFT decidió usar los dientes sin esperar más para llegar a lo que tal vez tomó unos 5 años en otros mercados, para imponer condiciones que garanticen la competencia en el sector. La separación funcional de las actividades de esta empresa de tal forma que el servicio al cliente final y el servicio de compartición de infraestructura queden divididos en dos negocios diferentes, lo que abrirá la competencia a nuevos negocios para generar nuevos negocios mayoristas y con ello incrementar la inversión en el sector. Mayor inversión se traduce en mayores montos destinados al desarrollo de infraestructura. Esperemos que esto no se quede sólo en el papel.
En cuanto al sector de radiodifusión, incluso, pone el dedo en el mercado de publicidad, pues la queja no sólo es de la competencia sino de los anunciantes y, rectifica su decisión sobre la prohibición de que Televisa no pueda adquirir derechos exclusivos de eventos relevantes (Juegos Olímpicos) siempre y cuando de licencia de transmisión a quien se lo solicite en condiciones equitativas.
Ante este escenario, tanto América Móvil como Televisa han anunciado que impugnarán las resoluciones del instituto, no obstante, los procesos jurídicos no detendrán este gran paso que el IFT ha dado en el sector, recordemos que hasta antes de la reforma, México era uno de los pocos países de la OCDE sin regulación asimétrica y con niveles de concentración y subinversión muy por encima de la media.
DE FONDOS A FONDO
#CPI-Infonavit… Recordará que hace varios meses le adelanté que el Infonavit trabajaba de cerca con ONU-Hábitat para encontrar un mecanismo eficiente de medición de desarrollo y prosperidad urbana, que sirva a los alcaldes, y los corresponsabilice también, del crecimiento sustentable de las ciudades en México.
David Penchyna, director general del Infonavit, ha insistido como cabeza de la primera hipotecaria del país, que no sólo importa dónde financia vivienda, sino cómo viven sus acreditados, cómo interactúan entre ellos y cómo forjan ciudades y, por ello, firmó con Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Habitat, un Memorándum de Entendimiento duplicar la medición del Índice.
Rosario Robles, titular de la Sedatu, Luis Antonio Godina
del Fovissste, Jorge Wolpert, de la Conavi, Jesús Alberto Cano Vélez, de SHF y Alfredo Vara, de Banobras, atestiguaron la firma porque todos usarán el Índice.
La intención con la firma del convenio es duplicar las localidades medidas por el Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), es decir que pasan de 153 a 306, porque éste tiene que ver precisamente con entender el rostro urbano de México sin filtros, reforzando la posición de México como el país que más ciudades evalúa junto con ONU-Hábitat, al cubrir el 93% de la población urbana con la extensión del CPI, y al lograrlo, México medirá más ciudades que nadie en el mundo con la metodología de la ONU.
Adicionalmente, el Instituto y ONU-Habitat entregaron los resultados del Índice de Ciudades Prósperas a los Presidentes Municipales de las primeras 153 ciudades analizadas, que representan el 80% de la originación de crédito del Infonavit, elemento con el cual podrían repensar hacia delante las políticas de urbanización en todo el país, para cumplir objetivos por municipio y estado y, probablemente, se logre detener la voracidad y corrupción entre desarrolladores y burocracias políticas a nivel subnacional.
