Durante las pasadas semanas se han escuchado llamados por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a democratizar el Internet y llevar conectividad a ese 75% de México que carece del servicio. Como ejemplo del atraso que sufre el país en infraestructura de telecomunicaciones mencionó que apenas en 3% del territorio de Oaxaca una persona puede conectarse por teléfono. Por último, el Ejecutivo sugirió la creación de un ente estatal para la oferta de servicios de telecomunicaciones.
La plataforma escogida para lograr lo anterior es la tecnología inalámbrica. En términos de metas, se señala que para el 2024 95% de los habitantes de México debería tener cobertura a algún tipo de servicio de banda ancha, un incremento de 87%, registrado en el 2018. Para este año el porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con acceso a wifi gratuito era de 33.2%, la meta para el 2024 no fue publicada en el Anexo XVIII-1 de la Gaceta Parlamentaria del martes 30 de abril del 2019.
En primer lugar, el deseo de conectar a todos los habitantes de México no es una novedad. Las reformas constitucionales en vigor desde el 6 de noviembre del 2013 incluyeron como parte del Artículo 6to de la Constitución nacional lo siguiente: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.” Por ende, lo anunciado por el presidente de México no es un nuevo proyecto sino una obligación constitucional que tiene que cumplir de la mejor forma posible. El resto del Artículo 6to entra en mayores detalles sobre las responsabilidades del Estado para fomentar conectividad a Internet.
En segundo lugar, la creación de la Red Compartida garantiza que al menos 92.2% de la población de México tenga cobertura inalámbrica a servicios de banda ancha a más tardar el 24 de enero del 2022. Por su parte el plan México Conectado (página web que no ha sido actualizada desde agosto del 2018) promete hacer llegar por tecnologías inalámbricas y cableadas servicio a 98% de la población, otro 2% tendría cobertura vía satélite. Por último, la cobertura de estas dos entidades junto al crecimiento en cobertura geográfica de 4G y 5G por parte de los tres operadores móviles que ofrecen servicios minoristas prácticamente garantizan alcanzar 95% de cobertura poblacional autoimpuesto por el gobierno. Esta meta no es un desafío.
Si lo importante para el gobierno es la cobertura, entonces vía satélite México ya cuenta con 100% de su territorio con cobertura satelital. Si lo que busca la administración es que 95% de la población use banda ancha, entramos en un tema que sobrepasa y no se limita al mundo de las telecomunicaciones.
El tercer lugar, realmente no es una cuestión de si el sector privado o el sector público es quien debe ser operador de servicios de telecomunicaciones. Tiene que haber un acercamiento conjunto (público + privado) que permita utilizar los recursos disponibles de manera más eficiente. Sobre todo si hay desconocimiento de los costos relacionados a un proyecto de tal magnitud.
Por último, no deja de sorprender que muchos de los datos utilizados en el Plan Nacional de Desarrollo sean de la misma entidad, Inegi, que tuvo que cancelar 14 encuestas por reducción de fondos. O que según este mismo documento 61% de los habitantes urbanos de Oaxaca sea usuario de Internet y que en zonas rurales el número sea superior a 35% pues se había afirmado que sólo 3% de la población de este estado tiene acceso a servicios de telefonía.
Para concluir, el gobierno debería fortalecer las iniciativas ya existentes para expandir cobertura y fomentar medidas que estimulen la adopción de servicios por parte de la población. Al final de cuentas es mandato constitucional hacerlo.
* José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC.
Twitter: @Jose_F_Otero