2022.01.31
Vía Reporte Indigo
En medio de la crisis de violencia que acosa al periodismo mexicano, la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta al control de los contenidos que se publican en radio y televisión, lo que también causó alarma por los posibles casos de censura o incluso autocensura que esta medida podría causar.
El 19 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal falló a favor de ordenar a los concesionarios que distingan entre información y opinión en sus programaciones, así como de la publicidad, y revocó su potestad para elaborar sus propios códigos de ética, pidiendo al Congreso de la Unión que devuelva esta facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión respondió al fallo de la Primera Sala con una serie de posicionamientos sobre las implicaciones que esta medida tendría, desde las imposibilidades técnicas que representa, hasta los riesgos para la libertad de expresión de someter los contenidos al escrutinio ético de las autoridades.
José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, se mostró particularmente crítico de la cuestión de los códigos de ética al abordar el tema. Pues considera que dotar al IFT de la facultad para regular no sólo las concesiones, sino también los contenidos, sería algo propio de regímenes antidemocráticos como los de China o Cuba.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dice a Reporte Índigo que comparte la preocupación por los alcances que este fallo pueda tener en el ejercicio de la libertad de expresión, si bien también aclara que la división que ahora mandata la Primera Sala es un principio periodístico.
“La separación de hechos y opiniones es un principio tradicional muy importante en el periodismo serio en todo el mundo, no solo en México, también en Estados Unidos, en Europa. Pero tradicionalmente, y en mi opinión como debe de ser, es algo que se autorregula en los medios, no algo que se impone desde arriba por parte de un Gobierno”.
De igual manera, dio cierto grado de razón a las advertencias de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión respecto a que “en la práctica es imposible” cumplir con el requerimiento de separar los contenidos, así como que es poco deseable que los medios no puedan desarrollar sus propios códigos de ética.
“En el momento que un juez decide que los hechos y las opiniones deben ser separados, quiere decir que se está metiendo en las prácticas periodísticas. Lo cual pone en riesgo la autonomía y la independencia de los medios, así como su posibilidad de criticar”