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Lamentable, es la palabra que usaría para explicarle a cualquier persona el hecho de que, nuevamente teniendo la oportunidad, la Secretaría de Hacienda no bajó el costo del espectro radioeléctrico en México y, con ello, no se impulsará la conectividad universal, no habrá una mayor oferta de los operadores y no se llevará a cabo la masificación de las redes 5G en el país, sobre todo a escala industrial con los beneficios que eso traería al nearshoring y nuevamente decidió que no le importa el desarrollo social ni económico de la nación.
El IFT, que comanda Javier Juárez Mojica, lleva años tratando de hacer entrar en razón tanto al Congreso como a la misma SHCP, de Rogelio Ramírez de la O, de los beneficios que conlleva para todos (inclusive para el gobierno que tiene un activo importantísimo parado sin generar ingresos) licitar el espectro. No me queda ahora la duda de que el actual secretario de Hacienda es un espantapájaros de las inversiones con esta decisión.
Hay que recordar que las propuestas que ha hecho el gobierno federal por impulsar la conectividad universal han fracasado e, inclusive, se tuvo que rescatar a Altán Redes, de Carlos Lerma, para evitar una catástrofe en la conectividad de internet en diversas zonas del país.
Inclusive esta misma decisión golpeará a la ya de por sí noqueada Altán Redes, en su intención de comprar más bandas para crear futuros productos 5G que lo mantengan competitivo a ojos de los clientes mayoristas, y que no se queden sólo con Telcel y AT&T por sus redes en modernización. Hay que recordar que Altán Redes es una empresa privada, pero controlada por el gobierno federal y que opera en la Red Compartida de servicios mayoristas, y esa red también es público-privada y su tecnología sólo transmite en 4G. ¿No es darse un balazo en el pie?
El próximo año el Estado mexicano mantendrá las mismas tarifas que aplicó entre 2022 y 2023 por el uso de espectro radioeléctrico en servicios masivos de internet y telefonía, y con ello seguiremos siendo el país más caro de América Latina para comprar bandas radioeléctricas. Además, todo parece indicar que las futuras subastas del IFT en este aspecto verán nuevamente el fracaso como ha sucedido con otras en el pasado, donde los concursos han quedado desiertos, pues nadie tiene la intención de pagar de más por un insumo que ya debería estar operando en favor de todos los mexicanos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, sólo determinó no actualizar los precios de las bandas radioeléctricas conforme a la inflación y, con ello, descartó que los hogares de menores ingresos y también los mexicanos con menor renta, alrededor de 14 millones de viviendas y 47 millones de personas, enfrentarán alzas de precios por el consumo de esos servicios, fuesen estos móviles o inalámbricos fijos.
Reitero, es lamentable escuchar estas noticias después de los esfuerzos que se han hecho en los últimos meses por tratar de hacer entender a las autoridades sobre la pérdida que está teniendo México al no licitarse y operarse el espectro ocioso que se tiene ahí, “guardado y almacenado”, por la indiferencia de los tomadores de decisiones. Desde inicios de esta administración se dijo que “primero los pobres”, pero al parecer serán ellos los que seguirán desconectados y sin la posibilidad de acceder a los beneficios del internet, a no tener una identidad digital, entrar a un nuevo mercado, a una vitrina que puede cambiar su situación social y económica, y seguir sumidos en las penumbras de la desconexión.
Ni el último trabajo de investigación del IFT, que mostraba que la penetración de internet en México aún batalla para superar la marca de 80% de la población, lo que significa que unos 32 millones de mexicanos todavía carecen de una conexión digna a la red, fue suficiente.
Platiqué hace unas semanas con el titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Alejandro Navarrete, quien por cuarto año consecutivo envió a la Secretaría de Hacienda propuestas de modificaciones y adiciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) en lo que concierne a los costos del espectro para ser integradas en el ejercicio fiscal 2024, y se decía confiado en que esta ocasión la autoridad pusiera atención a este tema, pero no fue así.
No queda más que lamentarse por la decisión, esperando que en el corto, muy corto plazo, el nuevo titular del Ejecutivo entienda por fin los beneficios de bajar el costo del espectro y ofertar rápidamente el insumo para impulsar la conectividad en México y aprovechar la relocalización de empresas, pues por no tener una buena conectividad 5G industrial en el país empresas como Intel, TCMS, Samsung y otras más han decidido llevar sus inversiones a naciones como EU y Panamá.
