La subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, respondió en forma tajante a las críticas sobre el reparto de televisores digitales y el apagón analógico, que a título personal realizó el Comisionado del IFT, Adolfo Cuevas.
Una de las principales críticas del estudio es que se generaron deficiencias en el reparto de las TVs digitales por más de 15 mil 500 mdp porque se entregaron a hogares que no tenían televisión, o que ya tenían decodificadores o acceso a televisión pagada.
Al respecto, Aspe Bernal precisó que la SCT realizó la entrega de televisores acorde al mando del Congreso, que estableció que se tenía que cubrir el 90% del padrón de beneficiarios de la Sedesol, que es la población de menores ingresos en el país. Explicó que la entrega de las TVs digitales se realizó en coordinación con la Sedesol y —dice— no hay ninguna duda de que se cumplió con el objetivo.
Reconoce que en efecto no se realizó una encuesta como sí se hizo en el apagón de Tijuana, hogar por hogar para conocer si tenían televisión o acceso a una señala digital porque esta encuesta hubiera implicado elevar sustancialmente el costo.
CONCLUYÓ VENTA DE INGENIOS
Parecía que Enrique Molina, presidente del Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE), lograría descarrilar la licitación de los nueve ingenios que fueron de su propiedad y que fueron expropiados en el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, que encabeza Héctor Orozco, realizó una muy eficiente defensa jurídica y finalmente el viernes concluyó la venta de los nueve ingenios, con la última licitación que abarcó los ingenios El Potrero y San Miguelito.
Pese a los litigios, la licitación fue un éxito porque participaron cinco empresas. El grupo Beta San Miguel fue el ganador con una oferta de tres mil 398 mdp. La venta de los nueve ingenios inició en marzo de 2015 y abarcó un total de tres licitaciones por un monto total de 10 mil 245 mdp. Y aunque, seguramente, Enrique Molina seguirá buscando opciones jurídicas para el SAE y para las empresas que participaron no hay ninguna duda de que el proceso ya concluyó. Hay que recordar que la expropiación azucarera que realizó Vicente Foxfue una de las medidas más controvertidas y cuestionadas de su sexenio porque todos los dueños de los 27 ingenios expropiados lograron ganar los litigios y revertir la expropiación. La excepción fue desde luego Enrique Molina, quien tenía severos problemas de deudas y fiscales, por lo que incluso tuvo que salir del país. Optó por otro camino jurídico al no ampararse a tiempo contra el decreto de expropiación.
RONDA 1.4 SOBRE RUEDAS
Esta semana el Premio Naranja Dulce es compartido entre Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. En primer lugar porque la Ronda 1.3 concluyó con el 100% de los 25 bloques subastados, con la firma de los últimos seis contratos. Además, un total de 26 empresas, las más grandes petroleras del mundo, están ya calificadas para participar en la ronda 1.4 que está considerada como la mamá de la Ronda 1 porque el monto de inversión se estima en cuatro mil mdd por cada uno de los 10 bloques en aguas profundas que serán subastados, más el campo Trion de Pemex, el primer farm out, con una inversión de diez mil mdd.
INFONACOT, SIGUE AL AIRE SPOT CONTROVERTIDO
El Premio Limón Agrio de la semana es para César Baranda, director general del Infonacot, porque pese a las quejas de los banqueros, mantiene al aire un controvertido anuncio en el que una niña le pregunta a su mamá qué es un crédito y la madre se queja del costo de los intereses y los problemas en caso de no se pague el adeudo. El Infonacot asegura que se trata de una sana competencia. Sin embargo, lo que molesta a los banqueros es que por un lado la Secretaría de Hacienda fomente el crédito bancario y la inclusión financiera, y por el otro la STPS critique al crédito bancario y con premisas falsas, porque los créditos Infonacot también cobran tasas de interés. Y si el trabajador llega a perder su empleo, el Infonacot está obligado a poner en marcha su mecanismo de cobranza tal y como hacen los bancos.