En sus primeros años, el despliegue de la Red Compartida podría requerir a Altán, consorcio que la desplegará y operará, una inversión por arriba de los 8,000 millones de dólares.
Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, dijo que se trata de una “inversión sin precedentes”, en un sector complicado, concentrado y en un momento internacional muy complejo, aunque aclaró que el monto preciso de la inversión depende exclusivamente del consorcio ganador y lo importante será que, independientemente de éste, la red se construya apegada al calendario de cobertura para que sus efectos comiencen a observarse.
“Que haya existido el interés de venir a invertir en un proyecto innovador y sin precedentes habla bien de las perspectivas del país, del sector y la forma en que se condujo el proceso, habla que les generó certidumbre como para venir a hacer una inversión de ese tipo”, sentenció.
En consideración a ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) buscó que no hubiera mecanismos de supervisión muy complejos, sino poner incentivos al cumplimiento, por lo que “nosotros vamos a verificar la cobertura no la inversión”.
Es decir, si le cuesta más o menos generar la cobertura que Altán ofertó (92.2%) es un asunto del consorcio, por ello, deberán generar los mejores mecanismos para la compra de tecnología y acuerdos de compartición de infraestructura.
En entrevista con El Economista, Aspe destacó la presencia de Morgan Stanley e International Finance Corporation, parte del Banco Mundial, quienes aportarían 60% del capital comprometido. “Su participación demuestra que grandes inversionistas institucionales han confiado en la estabilidad macroeconómica y en las instituciones de México”.
En cuanto a la volatilidad económica internacional, la subsecretaria precisó que el área sensible a ésta serán los componentes electrónicos de la red, primordialmente importados, que representan 30% de los costos del proyecto, el resto serán insumos nacionales.
La red es autofinanciable; sin embargo, es responsabilidad del particular verificar si el negocio es rentable y en qué zonas. “Si Altán ofertó 92.2% hizo un análisis previo y con base en ello, el consorcio decidió poner sus recursos: una garantía de cumplimiento por 5,000 millones de pesos y una de seriedad por 1,000 millones”.
En cuanto al retorno de inversión, según la SCT, para evaluar un proyecto de telecomunicaciones, “lo que tendríamos que hacer es sacar el costo de capital de la industria a nivel mundial. Sin embargo, en primera instancia es difícil comparar el costo cuando se trata de una industria consolidada frente a un proyecto sin precedentes, y que además es un esquema mayorista”.
Mónica Aspe comentó que el consorcio ganador “debió calcular el riesgo de los primeros años de operación porque al ser mayorista la red no tendrá acceso a los clientes de manera directa, por lo que no se le garantiza un retorno, ni hay salvaguarda de sus ingresos”.
Agregó que en Europa prevalece el fenómeno de concentración en la industria, y a pesar de que actualmente hay 15 empresas, se estima que al final habrá entre tres y cinco, de modo que “la consolidación a nivel mundial y el modelo mayorista hizo que el proyecto no tuviera al inversionista típico grande en telecomunicaciones como podría ser Orange, Vodafone o Verizon”. Entonces lo que hizo la SCT fue buscar grupos de inversionistas que uniéndose obtuvieran la fortaleza para hacer frente a un proyecto de las dimensiones de la red compartida. “De ahí los criterios de capacidades técnicas, financieras y económicas que se establecieron”.
Hoy hay cobertura de 50% únicamente
Se combatirá rezago en 4G
A diferencia de las redes de Telcel, Iusacell y AT&T, la red compartida atenderá a 92.2% de la población únicamente con servicios de cuarta generación; posteriormente el gobierno deberá trabajar en un esquema para dar conectividad a 7.2% de la población que eventualmente quedaría desatendida.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), actualmente las redes llegan a 92% de la población, pero con tecnologías viejas de 2G y 3G, mientras que con 4G cubren casi el 50 por ciento.
Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, destacó que la red compartida llegará a 92.2% con servicios 4G de alta capacidad que atenderá a 40 millones más de mexicanos, “pero desde el punto de vista comercial es un reto muy grande porque implica zonas menos rentables”.
Aproximadamente dos terceras partes de la población en México están en las grandes ciudades con menos de 10,000 habitantes y es ahí donde quieren estar los operadores porque se concentra el mundo financiero y comercial. “Queremos llegar a 92% de las poblaciones y llevar servicios a localidades de aproximadamente 400 habitantes”.
La funcionaria dijo que “orgánicamente hasta donde una empresa estaba dispuesta a invertir es 85% hasta donde maximizaban retornos de inversión y a partir de ahí se puso umbral para que ofrecieran hacia arriba de ese porcentaje los concursantes”.
La oferta de cobertura de Altán, consorcio ganador para desplegar y operar la red compartida en la banda de 700 MHz para servicios móviles, fue de 92.2%, 7 puntos porcentuales arriba del 85% mínimo. Cada punto porcentual de más atiende a 1.2 millones de habitantes”.
La funcionaria fue clara y dijo que la dependencia no estaba dispuesta a adjudicar la red a una oferta inferior a 85%, “preferíamos hacer algo distinto porque ya no le hacía sentido al estado mexicano y cada punto que nos movíamos era 1.2 millones”.
En respuesta a las críticas “desafortunadas” de Rivada, quien ha dicho que su descalificación fue ilegal, que no fue un proceso competitivo e incluso que su oferta de cobertura resultaba mayor a la de Altán, Mónica Aspe dijo: “Si no hubiéramos tenido competencia las ofertas hubieran sido de 85%; sin embargo, 7 puntos porcentuales que resultan carísimos arriba quiere decir que hubo competencia”.
“Este proyecto es una oportunidad histórica, es una iniciativa que realmente puede modificar la vida de millones de personas”, afirmó.
Para garantizar que la red compartida no sólo estará distribuida en las zonas urbanas, por cada 1% de población urbana, Altán tiene que dar cobertura a .15% de población rural durante todo el periodo de despliegue”. (Luis Miguel González, Claudia Juárez y Octavio Amador)
