Una planeación imperfecta, como suele ocurrir a veces en la realidad y en particular en México —país tan flagrantemente subadministrado— ha metido en un callejón con salidas costosas al proyecto del cambio de televisión digital a analógica. Ahora todas las soluciones tendrán costos elevados y no solamente económicos, sino también políticos. Y es por esta última razón que agentes y gestores aparentemente sin vela en el entierro ya se sumaron al debate, y no necesariamente para defender intereses falsos.
La disyuntiva está entre poner en ejecución el proyecto analógico según lo planeado, para que se encuentre concluido a principios del 2016, o que se posponga su implementación el tiempo necesario hasta que todos los afectados por el proceso —prácticamente el total de la población— estén debidamente preparados y los costos resulten mínimos.
La verdad es que el problema ha entrado en un laberinto. Desde luego, tienen razón los partidarios de que el proyecto continúe según el calendario anunciado. De otra manera (sic) “retrasar el proceso de transición sería un golpe mortal a la credibilidad del Estado mexicano” y se afectarían derechos legítimos de algunos intereses que han actuado de buena fe, como es el caso de Cadena Tres, que resultó ganadora en una de las dos licitaciones que llevó a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, ya se avisó que se encuentran listas para implementar el apagón Televisa y TV Azteca.
Sin embargo, frente a las instancias que ya están listas y el compromiso legal para cumplir los tiempos, han empezado a hacer oír su voz otros que no están tan listos. Sobresalen entre ellos “29 televisoras educativas y culturales que nunca tuvieron el dinero para digitalizarse”, además de literalmente millones de familias con televisión que no estarán preparadas a tiempo para la transferencia.
¿Qué es previsible que suceda? Lo más probable es que se produzca un reparto tácito de los costos del problema. Los costos puramente económicos se pueden imponer unilateralmente a quienes no están debidamente preparados para el apagón cumpliendo religiosamente con el calendario. Los costos políticos terminarán aplicándose no al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a sus funcionarios, y tampoco a los insensibles que operaron para la barbaridad de que al compromiso del apagón se le diera rango constitucional, sino a la cabeza del sistema, que es el presidente. Y ominosamente, todo con vistas a la elección del 2018.
