Primer acto: AT&T, una empresa con un valor de 225 mil millones de dólares, entra de lleno a competir en el mercado mexicano en el 2014, cuando la reforma constitucional del sector de telecomunicaciones se vuelve vigente.
Segundo acto: América Móvil, la compañía controlada por Carlos Slim, interpone un amparo que pone en duda el concepto de “agente económico preponderante” y la viabilidad jurídica de la tarifa cero de interconexión, un elemento central de la reforma de telecomunicaciones que incentivó a AT&T a invertir más de 7 mil millones de dólares en México.
Tercer acto: A un mes de que inicie la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), miembros de la administración de Donald Trump refieren que la fusión entre AT&T y Time Warner, valuada en 85 mil millones de dólares, podría ser obstaculizada por el Departamento de Justicia.
La obra todavía no tiene nombre porque no está terminada. Se espera que en los próximos días la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la constitucionalidad del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aquél que hace referencia a las tarifas de interconexión.
Además, más allá de los señalamientos de algunos miembros de la administración de Donald Trump, aún no existe un posicionamiento oficial del Gobierno federal estadounidense respecto a la adquisición de Time Warner de parte de AT&T. Lo único que se sabe es lo que ha reportado la prensa, que, de acuerdo a funcionarios que hablaron en condición de anonimato, la operación estaría sujeta a la renuncia del director de la agencia CNN, que forma parte del conglomerado de Time Warner.
El poder de AT&T
Esto pone de relieve un escenario que podría ser perjudicial para el proceso de negociación del TLCAN: los dos mayores proyectos de AT&T están en riesgo. Es decir, una de las compañías con mayor influencia en el sistema político estadounidense podría utilizar su capacidad de cabildeo para resolver su proceso de consolidación con Time Warner, así como para incentivar a la administración de Trump a tomar una postura más agresiva hacia México. De ese modo, se presionaría al gobierno mexicano a tomar un rol más activo en la defensa de la reforma de telecomunicaciones.
AT&T no sólo es la mayor empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, sino que, históricamente, ha mantenido un fuerte activismo en Washington. En el 2016, fue la segunda empresa que más gastó en cabildeo (16.3 millones de dólares), de acuerdo al Center for Responsive Politics.
La firma tiene un fuerte incentivo para utilizar todas las herramientas políticas a su alcance para defender el status quo de la tarifa cero de interconexión y del concepto de “agente económico preponderante” que han garantizado condiciones de competencia propicias para que se realicen nuevas inversiones.
Bajo las promesas de la reforma de telecomunicaciones, AT&T pagó 4.4 mil millones de dólares a Grupo Salinas para adquirir Iusacell y Nextel. Asimismo, la compañía planea gastar 3 mil millones de dólares adicionales para desplegar una red de infraestructura. No son cifras menores.
En enero, Randall Stephenson, el presidente y director general de AT&T, dijo al periodista Carlos Mota que la reforma de telecomunicaciones garantizaba estas inversiones por al menos siete años.
Sin embargo, el amparo de América Móvil ha cambiado la narrativa del sector. AT&T, así como la mayoría de los competidores de las concesionarias controladas por Carlos Slim que se agrupan en la CANIETI, han dicho que sus planes de inversión dependen de que se mantenga la tarifa de interconexión cero.
Tarifas de interconexión: disputa histórica
Esta tarifa, que se refiere al monto que un operador cobra a otros concesionarios por terminar el tráfico en su red, ya ha sido motivo de disputa entre AT&T y las autoridades mexicanas.
En 1998, la compañía pidió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su siglas en inglés) interponer una controversia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para disputar la estructura de estas tarifas, la cual era impuesta por Telmex (controlada por Carlos Slim), un operador con características de monopolista.
Cuatro años después, AT&T y Telmex llegaron a un acuerdo para establecer nuevas tarifas de interconexión, apenas días antes de que venciera el plazo impuesto por la USTR para acudir a la OMC.
Fuentes del sector aseguran que, posteriormente, durante el sexenio de Felipe Calderón, la USTR ordenó a AT&T, entonces socio de Telmex, detener todos sus planes de inversión fuera de Estados Unidos. Esto se determinó debido a que Telmex había sido acusado por uno de sus competidores de implementar prácticas monopólicas en detrimento de inversionistas estadounidenses. Michael Bowling, exdirector de AT&T en México y actual vicepresidente global de estrategia corporativa, es referido como el hilo conductor que desahogó ese conflicto.
Huelga decir que el USTR es la agencia gubernamental estadounidense que lleva las riendas de la renegociación del TLCAN.
La reforma de telecomunicaciones pretendió acabar con la incertidumbre jurídica que caracterizó al cálculo de la tarifa de interconexión. No obstante, la ofensiva legal de América Móvil pudiera derivar en el cobro retroactivo de alrededor de 940 millones de dólares a favor de las concesionarias controladas por Carlos Slim.
Esto ofrece una dimensión de los intereses que operan en torno a la negociación del TLCAN y de las reglas del juego del sector de telecomunicaciones. Prueba de ello es que, según versiones periodísticas, América Móvil contrató los servicios legales de Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, dos litigantes de alto perfil.