2020.10.12
Vía Forbes
En los últimos días han aparecido numerosos artículos y entrevistas de especialistas en el ecosistema digital, manifestándose en contra de la propuesta de incrementar los derechos que pagan las concesionarias[1] por el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
No podía ser de otra forma. Quienes nos dedicamos a estos asuntos hemos recibido con desconcierto y frustración el paquete económico para el año 2021, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, que llevarían a elevar los pagos que deben hacer las operadoras de telecomunicaciones para poder usar el espectro, un insumo indispensable para ofrecer servicios inalámbricos, como el internet móvil.
La propuesta de incrementar dichas contribuciones va en el sentido exactamente contrario del que debería tomar la política digital y evidencia de ello son las voces unánimes de los expertos, en contra.
¿Por qué? Pues, para empezar, esta carga adicional pone en riesgo la ya de por sí frágil dinámica competitiva del mercado.
Desde hace varios años, se ha intensificado la competencia basada en precios en el mercado de las telecomunicaciones móviles en México. Esta dinámica sin duda ha generado beneficios para las consumidoras, donde hemos aprovechado precios más accesibles, e impulsó un crecimiento importante en la penetración del internet móvil. Pero, por otro lado, la competencia en precios se ha producido en un mercado altamente concentrado, donde las operadoras de menor escala no han podido alcanzar un volumen de tráfico que les permita tener costos competitivos frente a Telcel.
Vale la pena señalar que en las telecomunicaciones las operadoras que logran una base más voluminosa de usuarias y tráfico, pueden bajar sus costos a niveles que no logran alcanzar las operadoras con bases más pequeñas. Esa es la circunstancia que ha prevalecido en nuestro país a lo largo de muchos años, lo que mantiene en una situación financiera complicada a las competidoras de Telcel. Aumentar el pago de derechos reducirá más aún su margen operativo, dejando poco espacio para invertir en mayor capacidad, adoptar nueva tecnología o bajar precios.
Una aproximación superficial al tema, podría llevar a señalar que estos son problemas de las empresas o de las concesionarias, pero no son sólo de ellas. Las operadoras de telecomunicaciones tienen concesionado un servicio tan central para el desarrollo del país y el bienestar de la población, que se le considera servicio público de interés general. Más aún, el acceso a internet es un derecho reconocido en la constitución para todas las personas, en razón de que es la llave habilitadora de otros derechos fundamentales, como la salud, la educación y la libertad de expresión.
El mercado que dejen de atender las concesionarias comerciales por falta de inversiones, por no poder ofrecer mejores precios, o por el debilitamiento de las condiciones de competencia, engrosará la brecha digital, aumentando la desigualdad entre las conectadas y las desconectadas.
No debemos ignorar las señales que nos ha dado el mercado.
A finales de 2019, después de operar muchos años en México desplegando su propia infraestructura, Telefónica dio a conocer distintas acciones que modifican drásticamente su modelo de negocios. Uno de los cambios más dramáticos es la devolución al Estado de varias bandas de espectro concesionado, en un proceso que ya comenzó y terminará en 2022. Ahora, en vez de invertir en ampliar su propia infraestructura y capacidad, la adquirirá de AT&T.
Esta decisión apuntala la presencia de Telefónica en México, que había estado en entredicho por largo tiempo, pero ya sin constituir un competidor de infraestructura y capacidad, con lo cual el número de operadoras tradicionales completas, se reduce a dos: AT&T y Telcel. Esta no es una buena noticia para el país, en términos de competencia.
Tenemos aquí una alerta para todo el sector, que debería llevarnos a eliminar las barreras que obstaculizan el sano desarrollo de operadoras que en otros países tienen un desempeño destacado. Una de las barreras más señaladas y analizadas, es la carga desigual que significa el pago por el uso del espectro, para las concesionarias de menor escala operativa.
A todas nos interesa que este mercado tenga un funcionamiento sano, de modo que las empresas sigan extendiendo su infraestructura, adopten nuevas tecnologías y mejoren sus servicios, porque todo ello es en beneficio de las consumidoras. Iría más lejos, aún. Es en beneficio de nuestra vida democrática y puede sentar las bases de un desarrollo incluyente, si logramos cerrar la brecha digital.
En cualquier país, sin exceptuar a los más ricos, el mercado no basta para dar conectividad a toda la población, por lo que siempre hay una porción que debe ser atendida y apoyada directamente por el Estado, lo que no es tarea sencilla. Consume recursos y esfuerzos de diversa naturaleza: subsidiar directamente el servicio y los dispositivos, hacerlos accesibles, alfabetizar digitalmente a la población, impulsar programas de digitalización de servicios públicos, crear contenidos relevantes para los grupos objetivo.
Y no se trata sólo de conectar a las personas físicas. Se requiere que las empresas medianas y pequeñas se digitalicen, así como las oficinas y los servicios públicos.
En la medida en que se obstaculice el desarrollo sano del mercado, crecerá el margen de desconectadas que necesitan apoyos gubernamentales. Si al mismo tiempo desaparecen programas y presupuesto dedicados a estos asuntos, podemos anticipar una cada vez mayor brecha digital y un país más dividido.
Esto ya era prioritario antes de la pandemia. La coyuntura en la que estamos, que será más larga de lo que muchas quieren aceptar, lo ha vuelto apremiante.
Por otro lado, preocupa que estas decisiones con repercusiones tan importantes en las condiciones de desarrollo de las telecomunicaciones, se hagan desde un escritorio de la SHCP, con el solo objetivo y prioridad de cumplir con metas recaudatorias para el muy corto plazo.
Las telecomunicaciones tienen un efecto multiplicador poderoso en el producto interno del país. Las ciudades y regiones mejor conectadas son más competitivas para atraer inversiones. La inclusión digital permite a las empresas ampliar sus mercados y encontrar mayores oportunidades de negocio; a las personas, les abre oportunidades de educación, de empleo y de emprendimiento.
Todos estos son efectos que se maduran en el mediano y en el largo plazos para redundar en una mayor recaudación sostenible sobre bases de crecimiento, desarrollo y redistribución del ingreso. Esos son los beneficios de largo plazo que se sacrifican por cumplir una meta recaudatoria que no ve más allá de año fiscal siguiente.
He aquí otra más de las consecuencias de no tener una estrategia digital nacional. Urge conjuntar una visión integradora de la política pública digital: transversal, colaborativa, abierta, fincada en conocimiento y evidencia. Sumar hacia el mismo objetivo. No demos pasos hacia atrás, que resultarán más costosos para quienes menos tienen.
[1] Uso intencionalmente el plural femenino en contraste con el masculino, cuando nombro a personas, para hacer notar que el lenguaje no es neutro y que llama a incluir o excluir, además de reforzar estereotipos.