La primera subasta pública de licencias de radio en México debería haber contribuido a situar al país norteamericano a la vanguardia de la competencia en este ámbito. De hecho, los primeros datos sobre el concurso hechos públicos hace un mes fueron muy halagüeños: se había logrado recaudar 1.445 millones de pesos (71 millones de pesos) por 147 derechos de emisión, más de 40 veces el valor mínimo fijado por el regulador del sector, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT). Pero pocas semanas después, las dudas sobre la principal empresa ganadora, Tecnoradio, han opacado el brillo inicial y han puesto el foco informativo sobre un concurso a la postre mucho menos cristalino de lo que se presumía.
Lejos de esclarecer la nebulosa que rodea a la misteriosa vencedora de la licitación, las cosas se han emponzoñado más en los últimos días. Se ha sabido que Carlos Lara, director general del Instituto Mexicano de la Radio (un operador público dependiente del Gobierno federal), fue fundador y accionista de la empresa hasta hace no tanto: más gasolina en la hoguera de las dudas. También que Alfonso Amilpas, otro exfuncionario de alto rango, participó en la creación y desarrollo de la compañía, de la que se apartó más tarde. Desde mediados del año pasado, ninguno de los dos forma parte del capital de Tecnoradio. Pero este hecho, comunicado en los últimos días por el IFT –que se ampara en que su análisis se centra en la estructura accionarial de los contendientes en el momento en el que se registra la licitación “y no en el pasado”–, apenas ha logrado rebajar las sospechas. Que la propia firma no haya tenido una posición pública durante el proceso tampoco ha contribuido a despejar las numerosas incógnitas que se ciernen sobre ella.
Los actuales representantes legales de Tecnoradio son personas completamente ajenas al sector de los medios de comunicación, pero con vínculos con instancias oficiales que han levantado las suspicacias. El caso más sobresaliente es el de su actual presidente, Eduardo Bañuelos, que también trabaja en Diamond Electronics, una empresa que se ha hecho con varias licitaciones millonarias para proveer de televisiones a la Secretaría (ministerio) de Comunicaciones y Transportes en un plan de reparto entre la población de bajos recursos.
La opacidad del proceso de licitación radiofónica también sitúa al propio IFT, un organismo vital para el correcto funcionamiento del sector de las telecomunicaciones en México, en el centro del huracán. “Desde su inicio se ha informado públicamente sobre su desarrollo en al menos 17 ocasiones mediante boletines de prensa”, se ha excusado este regulador. Pero la transparencia está más en la calidad de los argumentos aportados que en la cantidad de comunicados publicados. Y, mientras el asunto no se aclare por completo, la credibilidad de un ente tan importante como el IFT –cabe recordad que en sus manos están casos de competencia tan relevantes como el de las todopoderosas América Móvil y Televisa– está en el aire. También la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en su día emitió una opinión favorable sobre las 167 empresas interesadas que fueron admitidas para participar en el concurso. Entre ellas, la polémica Tecnoradio.
