La regulación asimétrica que impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil y Televisa cumple dos años y se encuentra en proceso de consulta. El órgano regulador tiene la responsabilidad de hacer una revisión responsable y transparente. ¿Una oportunidad histórica?
El IFT amplió el plazo de la consulta para evaluar la aplicación del esquema preponderante, en la expectativa de incentivar la participación de más industrias y expertos que aporten una opinión con sustento y demuestren que es necesario que el instituto incremente la carga de medidas para acelerar el proceso regulatorio.
Lo que preocupa es que el IFT no ha hecho público el proceso y no se sabe cómo se está usando la información que se le ha dado. Esa postura ha tenido un efecto pernicioso, pues incrementa la incertidumbre y genera especulaciones que merman la credibilidad del órgano regulador.
Lo único cierto es que la prevalencia de un agente económico preponderante es un enorme riesgo para la competencia y la libre concurrencia.
América Móvil confía en que se le suavicen las medidas de preponderancia y se le permita brindar video, apelando a supuestos efectos de la implementación de la reforma de las telecomunicaciones y una baja en su participación en los distintos mercados del sector. Pero datos obtenidos de los informes estadísticos trimestrales del IFT revelan lo contrario… al menos en el segmento de suscriptores de banda ancha móvil, que pasó de 8.95 millones, en junio del 2013, a 40.84 millones para septiembre del 2015. Y en los demás mercados del sector, también falta mucho para que tengan condiciones de competencia efectiva.
Mientras la consulta del IFT avanza, tras bambalinas, la guerra entre Televisa y AMX arrecia. A un mes de la difusión profusa del anónimo que buscó afectar la reputación de Alfonso de Angoitia y Salvi Folch, Grupo Televisa evitó un litigio mediático y acudió a los tribunales, para defender la reputación de sus estrategas financieros.
La carta anónima encontró espacio en The Wall Street Journal, en Estados Unidos. ¿Un apócrifo? El texto, de 15 cuartillas, acusaba algunos detalles que apuntarían a un libero pero era prístina en su intención de un efecto de desinversión.
Lo cierto es que Grupo Televisa acudió al juzgado cuarto de distrito en materia civil, radicado en la Ciudad de México, donde —de acuerdo al escrito de demanda— presentó elementos que acreditan que los hechos denunciados por la publicación estadounidense, y reproducidos en México por Grupo Reforma, son ilegítimos.
Una acción civil que estuvo antecedida por la reacción inicial de Emilio Azcárraga Jean a esta embestida mediática: explicó por escrito a los integrantes del consejero de administración de Grupo Televisa que un bufete internacional investigaría los hechos denunciados y, simultáneamente, brindó un espaldarazo a sus ejecutivos.
¿Y el IFT? A dos años de la reforma en telecomunicaciones, la única certeza es que los comisionados del instituto están obligados a tomar las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de la ley y preservar el espíritu del ajuste estructural.
