vía El Sol de México
A cualquiera le puede ocurrir. En cualquier momento y a cualquier hora del día. La velocidad con la que hemos adoptado la tecnología en nuestras vidas si bien ha traído beneficios, también ha causado amenazas y vulnerabilidad a personas comunes, empresas, bancos, instituciones gubernamentales y a cualquiera que se “conecte a la red”; son continuas las estafas, el robo de datos, las extorsiones a través de un celular, un correo electrónico o el uso de una app. La mayor parte de estos casos quedan en la impunidad.
La Organización de Estados Americanos estima que el ciberdelito le cuesta a la región 90 mil millones de dólares al año (http://bit.ly/3UMP20w), la misma organización menciona que autoridades, legisladores e investigadores han concentrado sus esfuerzos en la “persecución y sanción de delitos cibernéticos, como la pornografía infantil, robo de identidad, acoso cibernético o hacking”.
Por si fuera poco, nuestro país es foco de la mayoría de ciberataques en esta parte del mundo. Un informe llamado “FortiGuard Labs presenta reporte de ciberataques en América Latina” (http://bit.ly/3DTI6YR) revela que América Latina y el Caribe sufrieron más de 289 mil millones de intentos de ciberataques en 2021, lo que representa un incremento del 600% con respecto al año anterior. México fue el país que más intentos de ataque recibió con 156 mil millones. Otro dato interesante es que nuestro país registró 80 mil millones de ataques cibernéticos según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (http://bit.ly/3tV9RLZ).
Después de los hackeos que sufrió el Gobierno de la República el 25 de octubre de este año en dependencias tales como la Secretaría de la Defensa, Petróleos Mexicanos, la Lotería Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Bancomext, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, resulta obvia la urgencia de una legislación que tipifique, clasifique y castigue a quien impunemente cometa delitos de esa índole.
Los usuarios cada vez se sienten más inseguros ante las amenazas que representa el cibercrimen. Un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (http://bit.ly/3EvxssV) llamado “Estudio sobre seguridad en empresas, usuarios de Internet y padres de familia en México 2021” menciona que, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional, en 2020 se tuvieron 2,898 denuncias relacionadas con ciberdelitos, el doble comparado con las mismas cifras de 2019. La Dirección General Científica de la Guardia Nacional atendió, de abril de 2020 a abril de 2022, 34 mil reportes ciudadanos en materia de Ciberseguridad (http://bit.ly/3gvsT8x).
Con 19 iniciativas de ley en esta materia presentadas en el Congreso de la Unión, las prisas corren entre la Cámara de Senadores y la de Diputados, pues la ruta crítica para la elaboración de la Ley General de Ciberseguridad vence el 15 de diciembre del año en curso (https://bit.ly/3fXTHhx).
Es menester que se contemple la participación de la sociedad civil experta en la materia debido a que los ciberdelincuentes van un paso adelante y las instituciones de seguridad se ven rebasadas por estos individuos y/o grupos. La amenaza está ahí, seguirá estando ahí, mientras los involucrados en impartir justicia sigan con reacciones tardías, dejando a la sociedad en su conjunto a merced de los cibercriminales.
