vía Cuatro Cero.
La tecnología en la impartición de justicia puede aplicarse a distintos niveles. Desde asistir a los funcionarios con temas administrativos para la operación de los poderes judiciales hasta ayudar a los juzgadores con sistemas que emplean inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales.
El uso de herramientas tecnológicas en el sistema de impartición de justicia en México ha aumentado de forma considerable. Aunque la pandemia por covid-19 y el confinamiento paralizaron la justicia en México, es cierto que también aceleraron el uso de estas herramientas.
¿Cómo se usa la tecnología en la impartición de justicia en México?
Mientras que en 2019 sólo 18 poderes judiciales locales contaban con un expediente electrónico, a junio de 2021 eran ya 24 los poderes judiciales que contaban con esta herramienta y dos más lo estaban desarrollando. De acuerdo con el diagnóstico de México Evalúa, la adopción y uso de herramientas tecnológicas ha sido desigual en los poderes judiciales en las últimas décadas.
En un esfuerzo por hacer un diagnóstico de este tema, la organización México Evalúa clasificó las herramientas tecnológicas que utilizan los poderes judiciales locales de acuerdo con su funcionalidad y prevalencia a lo largo de un proceso. Recuperaremos algunas de las más destacadas.
Herramientas transversales
Entre las herramientas que se usan a lo largo del proceso, desde la tramitación hasta la conclusión, está la firma electrónica avanzada, que es indispensable para dar certeza a los procesos como mecanismo de identificación.
Sin embargo, no todos los poderes judiciales la usan de la misma manera. Algunos de ellos han firmado acuerdos con el Poder Judicial de la Federación o el SAT para usar sus sistemas; otros han preferido administrarlas de manera interna.
De 15 poderes judiciales que para junio de 2021 habían implementado una firma electrónica avanzada, sólo cuatro (Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas) habían logrado implementar la firma electrónica para usuarios internos en el sistema de gestión como para usuarios externos. Se usa no sólo para ingresar a la plataforma de consulta de expediente y presentación de demandas y/o promociones, sino también para firmar éstas en dicha plataforma.
Tramitación y consulta de asuntos en línea
Estas se utilizan en el trámite y seguimiento de asuntos de manera virtual. El uso de videoconferencias en audiencias, por ejemplo, han prevalecido sobre todo para la materia penal (todos los poderes judiciales ha reportado usarlas en esta materia), seguida de la familiar, mercantil y civil.
Los softwares utilizados principalmente son Zoom, Microsoft Teams, Meet, Webex o la plataforma desarrollada por Telmex. Cabe señalar que plataformas como Zoom han sido cuestionadas por falta de confiabilidad en el resguardo de la información de sus usuarios. Por ello, el Poder Judicial de Chihuahua ha preferido el uso de Jitsi al considerarla la alternativa más segura y de bajo costo al ser un software gratuito y de código abierto.
La implementación de juicios en línea, en cambio, tiene un alcance limitado. Sólo Nuevo León y el Estado de México han implementado juzgados en línea que permiten llevar procesos desde su inicio hasta su conclusión de forma virtual. Mientras en el Poder Judicial de Nuevo León el juzgado virtual se aboca a la materia familiar, en el Poder Judicial del Estado de México ya cuentan con este sistema para algunos casos de las materias penal, familiar y civil.
Publicación y consulta de sentencias
Por último, las herramientas de apoyo para la elaboración de versiones públicas de sentencias tienen un uso extendido con 24 poderes judiciales que reportaron usarlas. Con el uso de softwares automáticos o semiautomáticos, se protegen los datos personales de los involucrados en algún proceso al hacer pública una sentencia. Estas herramientas, sin embargo, no han implicado la completa automatización de este trabajo.
Para la revisión de expedientes públicos, destaca la plataforma del Poder Judicial de Puebla que optimiza la búsqueda con categorías más allá de materia e instancia. Así, hay clasificadores que permiten a los usuarios saber, por ejemplo, cuántas sentencias se han basado en el tratado internacional de Derechos Humanos o con perspectiva de género, etc.
Los alcances de la justicia digital
La justicia digital ha sido definida como el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para realizar procesos jurídicos. En tiempos de crisis sanitaria, la justicia digital se mostró como una alternativa viable que permitió continuar con los procesos judiciales.
La consolidación de una estrategia nacional para consolidar la justicia digital en el país ayudaría a su avance, de acuerdo con México Evalúa. Entre los retos para consolidarla están la accesibilidad, un marco jurídico certero con estándares técnicos, el desarrollo e implementación de infraestructura y la ciberseguridad.
Las herramientas digitales en México en los sistemas de impartición de justicia han permitido la reducción del uso de papel, reducción de gastos, el trabajo a distancia y una mayor eficiencia en los procesos. En contraste, aún se registra una falta de uso incluso cuando están disponibles y el mantenimiento y atención de las fallas se suman al trabajo de los poderes judiciales.
Por otra parte, la accesibilidad es un desafío en este contexto y por ello la justicia digital no puede ser la única solución. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 52.1% del total de los hogares mexicanos contaba con internet y el 37.6% con computadora, laptop o tableta.
Además, la falta de infraestructura básica (como equipo de cómputo o conexión a internet) es una de las razones principales de las diferencias que hay en el avance de la digitalización de la Justicia. Los juzgados de las capitales tienen, en su mayoría, condiciones óptimas; no así en los demás. Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha reconocido que es un reto llevar la justicia a los lugares alejados.
Garantizar el funcionamiento del sistema de impartición de justicia a pesar de la crisis es, además de atender un derecho fundamental, contribuir a la construcción de una sociedad más resiliente.
