Carlos Slim ofreció el viernes 27 de enero una inusual y extraña rueda de prensa en una sala de Grupo Financiero Inbursa, abarrotada de más de 200 periodistas.
Inusual, porque, en los últimos tiempos, el empresario no se prodiga demasiado ante los medios de comunicación; y extraña, porque el magnate no hizo ningún anuncio empresarial. En cambio, se dedicó durante más de una hora a hablar de política –aclarando que no tiene vocación política– y a dar sus opiniones sobre Donald Trump y la economía mexicana.
En ese contexto, Slim aprovechó para criticar la reforma de telecomunicaciones, que causó que su empresa América Móvil –matriz de las firmas Telmex, de telefonía fija, y Telcel, de telefonía móvil– fuera declarada agente económico preponderante. “En la ley hay errores que han hecho que no invirtamos”, afirmó.
Sus principales rivales –la estadounidense AT&T y la española Telefónica– opinan que el empresario no tiene mucho de qué quejarse, pues dicen que la reforma no ha cumplido su objetivo de aumentar la competencia, ya que América Móvil conserva casi la misma participación de mercado.
¿Cuál es el balance de la reforma?
OBJETIVOS AMBICIOSOS, TERCA REALIDAD
La reforma de telecomunicaciones entró en vigor en junio de 2013. Fue un cambio a varias leyes, incluyendo la Constitución, con el objetivo de transformar un sector que llevaba más de 20 años liderado por el cuasimonopolio de América Móvil, que dominaba la industria desde que ganó la licitación por la privatización de Teléfonos de México (Telmex) en 1990.
Durante muchos años, la empresa controló la mayor parte de la infraestructura de redes, lo que limitaba el crecimiento de la competencia. Por ello, América Móvil, con más de dos tercios de los clientes en telefonía celular y fija, podía permitirse poner precios más altos que en otros países. Sus márgenes llegaron a ser de 47% en telefonía fija y de 64% en móvil en 2008, cuando el promedio mundial era de 28 y 37.6%, respectivamente.
En este contexto, el gobierno aprobó la reforma con tres objetivos: lograr que la población tuviera mayor acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, especialmente a internet de banda ancha; fomentar la competencia; e incrementar la infraestructura para que su uso sea más eficiente y se reduzcan los precios de los servicios.
Tres años después, la ley ya ha tenido algunos efectos positivos: los precios al público han bajado y, además, llegaron al país nuevas firmas, como la estadounidense AT&T, una de las empresas más grandes del mundo en este sector. Su inversión ya está incrementando la infraestructura, con la construcción de una red que quiere dar cobertura 4G a 100 millones de personas para 2018.
Pero los expertos de la industria coinciden en que falta mucho por avanzar. “Lo que se debe modificar es cómo está distribuido el porcentaje de mercado de las empresas, y eso no se ha logrado”, comenta Gonzalo Rojon, director de Análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Para saber cuál es el balance de la reforma hasta el momento, Expansión entrevistó a más de una decena de especialistas en telecomunicaciones, entre empresarios, consultores, abogados y reguladores. Sus visiones son muy diferentes: los más escépticos dicen que es un fracaso, los moderados piden más tiempo para ver sus efectos y los optimistas celebran los resultados inmediatos.
HAY ALGÚN CAMBIO PARA BIEN…
Para cumplir sus objetivos, la reforma implementó medidas asimétricas para el agente económico preponderante, es decir, América Móvil, buscando “la reordenación de los mercados en el corto plazo”, dice Pedro Arias Garrido, abogado especialista en el tema.
Algunas de las principales medidas son: tarifas de interconexión cero con sus competidores, eliminación del cobro por llamadas a otros estados de México (larga distancia nacional), la obligación de compartir su infraestructura de redes con los demás operadores y el establecimiento de una tarifa máxima para todos los servicios que brinde la empresa.
Motivadas por esta nueva regulación, llegaron al país nuevas firmas, como AT&T, que entró a través de la compra de Iusacell y de Nextel, que luego integró bajo su marca. La mayor competencia provocó que los precios bajaran. Desde la entrada en vigor de la reforma hasta diciembre de 2016, los precios de telecomunicaciones cayeron 35%, según el Inegi. Otro de los beneficios ha sido el mayor acceso a internet. “Pasamos, de 2012 a 2015, de tener 41 millones de usuarios de internet a cerca de 62 millones, a partir de la reducción de precios”, dice Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
…PERO LOS GRANDES CAMBIOS AÚN NO LLEGAN
Dos de los tres objetivos de la reforma no se han cumplido, de momento: impulsar la competencia y aumentar la infraestructura. Las empresas se culpan entre sí y también culpan a la ley, especialmente en el aspecto de las tarifas de interconexión.
Según Slim, esa medida inhibe las inversiones, pues los competidores no tienen por qué invertir en sus propias redes, ya que pueden utilizar ‘gratis’ las de América Móvil. Y al magnate tampoco le compensa invertir en más infraestructura, pues ganaría clientes y, por tanto, aún más preponderancia, destacó en su conferencia de enero. Slim aseguró que “subsidia” a AT&T y a Telefónica con 300 millones de pesos mensuales por la interconexión.
Pero sus rivales opinan que la empresa de Slim les paga un monto demasiado bajo. Francisco Gil Díaz, miembro del consejo de administración de Telefónica en México, y expresidente de esta firma, asegura que la cantidad, de 0.19 pesos por minuto, no es suficiente para cubrir los costos que implica brindar el servicio.
Varios de los analistas consultados están de acuerdo con que la tarifa es escasa. Si tuviera que pagar más por la interconexión, Slim no podría seguir bajando sus precios de cara al usuario y eso “generaría los incentivos suficientes para que las personas se cambien de operador, y así tener un mercado balanceado”, destaca Rojon. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sigue revisando las inconformidades de las empresas para establecer nuevas tarifas de interconexión, dice Gabriel Contreras, su comisionado presidente.