La Red Compartida terminó una de las semanas más difíciles en lo que va de sus 23 meses de historia. Y la que inicia también se advierte igual o más compleja, debido a que el fallo de la licitación que se anunciará el jueves se ensombrece por un amparo promovido por quien fuera uno de los concursantes contra su descalificación del proceso.
El recurso del inconforme fue desechado el miércoles por un juzgado, pero abrió un nuevo camino hacia los tribunales especializados donde puede ser admitido y discutido o también sobreseído y no resuelto por los jueces, al menos hasta que la entidad convocante del concurso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anuncie al ganador del proyecto: el Consorcio Altan, ahora como único postor participante o bien, declare desierta la licitación.
La misma SCT aceptó el martes que replanteará el proyecto, si éste en definitiva es declarado desierto. Es la primera vez en casi dos años que la dependencia acepta que el plan para crear una red mayorista de servicios móviles para conectar a los mexicanos más necesitados y para mejorar también los servicios de seguridad nacional, telemedicina o aquellos de educación a distancia no fue bien diseñado desde su origen, como desde entonces advirtieron los especialistas del sector y actores de la misma industria.
Declarar desierta la licitación es una posibilidad, pero entonces la decisión tendría que estar bien fundamentada para que el único concursante no tenga manera de objetar la resolución y la SCT evite sumar una nueva demanda contra su proyecto de telecomunicaciones, que de por sí ya enfrenta un panorama complejo por el amparo promovido por Rivada Networks, según especialistas.
“En este momento existe incertidumbre respecto a la admisión del amparo de Rivada Networks por parte del juzgado especializado, pues no basta que el juez de distrito en materia administrativa se haya declarado incompetente”, dice Agustín Ramírez, abogado especialista en telecomunicaciones en el bufete Ouraboros. “No creo que a la SCT le convenga declarar desierta la licitación, pues abriría otro frente por una posible demanda de Altan”.
Las Red Compartida es el proyecto medular del sexenio en telecomunicaciones. Prevé inversiones por cerca de 7,500 millones de dólares para desplegar aproximadamente 10,000 radiobases y otros elementos de infraestructura a lo largo del país, y para explotar también 90 MHz de ancho de banda en las frecuencias de los 700 MHz, que a su vez es una de las bandas más propicias para llevar cobertura de servicios móviles a zonas remotas.
El gobierno mexicano ha argumentado que la red cubrirá cuando menos el 92% del territorio nacional, que llegará al 98% de los mexicanos y que disminuirá en 50% los precios mayoristas. De lograrlo, alrededor del 70% de los hogares del país tendrán la posibilidad de contratar un servicio de Internet de banda ancha y también, que sus tarifas disminuyan hasta en un 45% para después del año 2018, en comparación con las que pagaban en el año 2015.
A los interesados, la SCT presumió a mitad de año que eran 39, el gobierno solicitó una garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos, misma que el competidor Rivada Networks no presentó en tiempo y conforme lo establecían las bases del concurso, lo que provocó su descalificación el viernes 4 de noviembre.
Inmediatamente después de su descalificación, Rivada cuestionó la transparencia del proceso y acusó directamente al gobierno de favorecer a un grupo en particular. Y además de polemizar en medios y en las redes sociales, presentó un recurso de amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa que terminó por no aceptar el recurso, por desconocer de la materia.
El primer y segundo juzgado de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y con jurisdicción en toda la República Mexicana, son los que pueden atraer el amparo de Rivada y resolver.
”Si el juzgado especializado lo admite, lo va a sobreseer porque Rivada Networks tendría que esperar hasta el fallo de la licitación para impugnar los vicios de procedimiento, como en este caso fue el desechamiento (su descalificación). Lo que es seguro, es que seguirá el litigio y Altan tendrá que prepararse para entrar en su momento como tercero perjudicado”, plantea Agustín Ramírez, del despacho Ouraboros.
Desde las redes sociales, Rivada Networks moderó su discurso contra la SCT y el proyecto de la Red Compartida; e informó que esta semana dará a conocer qué fue de su amparo, ahora en los tribunales especializados.
Mientras, la Secretaría de Comunicaciones anunciará el jueves su decisión sobre la licitación. Declarar el proceso desierto o ganador al grupo Altan, son las posibilidades, a menos que los tribunales especializados definan que la razón le asiste a Rivada, y por tanto, en alguno de los escenarios, decidan suspender el proceso.
“Lo conveniente es que siga con el procedimiento. La única certeza que en este momento tiene la SCT es que Rivada va a pelear el haber sido descalificada y eso lo debe hacer hasta que se emita el fallo, pues al promover el amparo sin mediar recurso alguno, tomó el camino de la intervención judicial y tendría que esperar el resultado actual del amparo o esperar al fallo y en ese momento impugnar y cuando garantice los posibles daños y perjuicios que podría ocasionar”, añade Agustín Ramírez. “Para la SCT la situación es muy clara: tiene que seguir el procedimiento de licitación”.
