2018-07-17
Enrique Zapata Pérez, quien el pasado 10 de julio fue nombrado nuevo titular de la Unidad de servicios tecnológicos de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), será el encargado de terminar uno de los proyectos más ambiciosos de dicho organismo, la Plataforma Digital Nacional (PDN).
De acuerdo con las normas, la PDN estará integrada por seis sistemas con información sobre declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, servidores públicos involucrados en ellas, servidores públicos y particulares sancionados, quejas y denuncias ciudadanas e información sobre la comunicación entre el SNA y el Sistema Nacional de Fiscalización.
Se planea como herramienta de integración, consulta e interconexión de datos y atenderá la necesidad de integrar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios, con el fin de combatir la corrupción mediante la interoperabilidad
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En un documento interno de la Secretaría de la Función Pública se advierte que los principales obstáculos o retos de la PDN son de carácter técnico, ya que debe tener la posibilidad de procesar y ordenar grandes cantidades de información provenientes de distintas fuentes, de manera simultánea para su operación
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Los seis sistemas que integrarán la PDN no se han terminado de configurar, pero la Función Pública tiene herramientas electrónicas similares que crean y resguardan mucha información relacionada con diversos aspectos de la administración pública federal, como DeclaraNet, el registro de servidores que intervienen en contrataciones (Reniresp), el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y CompraNet.
En un foro organizado por la Secretaría Ejecutiva del SNA, integrantes de organizaciones especializadas en temas de rendición de cuentas y transparencia alertaron que aunque cada base de datos que integrará la PDN puede funcionar de manera adecuada, en términos generales, el desafío es lograr que todas interactúen para cruzar
información que lleve a descubrir posibles actos de corrupción o de conflicto de intereses.