Iván Ruiz Moreno | Capital México | 18 Agosto 2015
Se la ha llamado promisoria, incomprendida y hasta una ocurrencia llevada a nivel constitucional, pero tal vez el mejor adjetivo para describirla sea el de “controvertida”.
La Red Compartida es una red inalámbrica de telecomunicaciones cuya construcción y operación fue prevista en la reforma constitucional de 2013 y que será licitada por la SCT para hacer uso de 90 MHz de la banda de 700 MHz así como de dos hilos de la red de fibra óptica de la CFE con la intención de prestar servicios a concesionarios y comercializadores, y al mismo tiempo llevar servicios de telecomunicaciones a zonas rurales y urbanas de bajos ingresos, sin que pueda prestar servicios a usuarios finales.
Que haya una nueva red de telecomunicaciones que cuente con tecnología de última generación, una cobertura igual o mayor a aquella de la red de Telcel y actúe como un medio que facilite la competencia en el suministro de servicios, además de que lleve servicios a donde no los hay, o existe un sólo proveedor, suena como una gran noticia.
Con tantos beneficios ¿por qué entonces existen tantos cuestionamientos hacia la Red Compartida?
Las razones son varias e incluyen: a) el que no hay un proyecto similar en algún país relevante, entendiendo como país relevante a alguno que tenga una economía, población y territorio similar o mayor al de México; b) el que para desplegar la Red Compartida serían suficientes 30MHz de la banda de 700 MHz, mientras que los 60MHz restantes pudieran ser licitados y sus ingresos aprovechados para apoyar su despliegue; c) la viabilidad técnica y financiera de instalar una red que, para efectos prácticos, pretendería replicar las redes o facilidades esenciales de las redes de Telmex y Telcel; d) el que a diferencia de las redes de otros países que cuentan con participación gubernamental, la Red Compartida no se limitaría a proveer servicios en áreas remotas y de bajos ingresos; y e) el impacto que esta red puede tener sobre otros concesionarios que pudieran reducir los montos de inversión en sus propias redes.
Por lo que hace a este último punto y con motivo de su revisión al plan de negocios de la Red Compartida, la SCT ha estimado que la inversión requerida para su despliegue será de aproximadamente 7 mil millones de dólares, considerando una cobertura de entre 85 y 95 por ciento de la población y un total de 12 mil radio-bases. A esto habría que agregar el pago de derechos anuales por un monto aproximado de 180 millones de dólares. Así pues, el reto financiero es difícil.
Por lo que hace a la factibilidad técnica de desplegar la Red Compartida, el reto parecería difícil pero no imposible.
Recientemente un directivo de la empresa Huawei señaló que el despliegue de la Red Compartida era técnicamente factible, pues el año pasado la empresa China Mobile instaló en territorio chino un total de 700 mil radio-bases
Sin embargo, una diferencia importante entre el caso chino y mexicano serían las facilidades que las autoridades otorgan para el despliegue de dicha infraestructura, pues es bien sabido que por lo que hace al caso de varias autoridades municipales y delegacionales mexicanas, el despliegue de infraestructura resulta en extremo difícil.
Finalmente, quiero señalar que sin perjuicio de lo controvertida que pueda resultar la Red Compartida, el hecho es que su licitación y puesta en marcha es una realidad, en tanto que se encuentran prevista en la Constitución y ley de telecomunicaciones vigente, por lo que resultará indispensable que la SCT y el IFT se aseguren de dotarla de condiciones que permitan su viabilidad, debiendo asegurar que la Red Compartida operará bajo condiciones de mercado y que no inhibirá las inversiones de los operadores móviles existentes.
