vía El Economista.
Ayer a mediodía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano regulador autónomo creado en virtud de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada por el poder reformador de la Constitución en 2013, difundió un comunicado de prensa por el cual dio a conocer que el Pleno de los comisionados que actualmente lo integran, su máximo órgano de decisión, habían resuelto interponer una controversia constitucional en contra de la omisión del presidente López Obrador para proponer al Senado de la República a las candidatas a comisionadas para las 3 vacantes que hay en ese órgano de decisión.
No obstante que no existe una fecha fatal en la Constitución para que el presidente envié al Senado el nombramiento de una de las aspirantes que integran la lista que le haya enviado el Comité de Selección que prevé el artículo 28 de nuestra Carta Magna, y tampoco para que el Senado lleve a cabo el proceso parlamentario para la eventual aprobación de la aspirante propuesta por el titular del Ejecutivo, es importante que se cuide la debida y oportuna integración de los máximos órganos de decisión de las entidades que conforman el andamiaje institucional del Estado mexicano, entre otras razones, para asegurarnos que estarán en condiciones de adoptar sus decisiones con la mayor pluralidad que prevé la Constitución, así como también con la mayor eficacia posible.
La conformación completa del Pleno del IFT resulta clave para que este órgano colegiado pueda consolidar la autonomía que mandató la reforma constitucional de 2013, pues para lograrla se requiere como una condición necesaria que las posibilidades de captura regulatoria se reduzcan al mínimo. El tema no es menor, pues es uno que ha señalado el presidente como crítica del IFT y sus comisionados actuales, sin haberlo probado desde luego, en conferencias mañaneras recientes.
Además, resulta imperativo que el Estado mexicano se asegure de contar con un órgano regulador con autonomía plena en estos momentos en los que el gobierno del presidente López Obrador ha generado señales confusas sobre el papel que piensa asumir como proveedor de servicios de telecomunicaciones, pues por un lado decidió asumir el control de Altán, operadora de la red pública de telecomunicaciones denominada red compartida, y por otro, ha decidido constituirse directamente como operador de servicios móviles, bajo la modalidad de operador móvil virtual, pero que en un futuro cercano parecería pretende operar con infraestructura propia, pues ya inició el despliegue de infraestructura de acceso inalámbrico, lo que el presidente ya prometió que para el cierre del primer semestre de 2023 ya se habrá concluido con la instalación de 2,500 antenas a lo largo de todo el país.
Un regulador con autonomía plena envía señales claras a los operadores privados en el sentido de que no habrá decisiones que motivadas por presiones políticas desde el ámbito del Poder Ejecutivo favorezcan a los operadores en los que el gobierno tiene control, en este caso Altán y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Sin duda se trata de una decisión acertada, que llega con un desfase importante respecto a una decisión en el mismo sentido adoptada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que promovió una Controversia Constitucional en contra de una omisión similar del titular del Ejecutivo, a principios de diciembre del año pasado, pero que no por ello la descalifica o demerita.
Aunque sabemos que las ideas del presidente, en este caso sobre el papel de los órganos autónomos, son inflexibles, y que en los hechos está convencido de que los órganos que deben estar integrados por siete comisionados o comisionadas, deben funcionar con solo cinco, por cuestiones de austeridad, pasando por encima de lo que mandata la Constitución desde luego, no sobre hacer votos para que algún día recapacite y se de cuenta de la importancia de contribuir a su debida integración y funcionamiento.
*El autor es economista.
