(EFE).- El desarrollo de las telecomunicaciones en Corea del Norte ha venido acompañado de una mayor represión del Gobierno para impedir el contacto de sus ciudadanos con el mundo exterior, denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI) en la vecina Corea del Sur.
“El régimen de Kim Jong-un cuenta ahora con equipos de telecomunicaciones para vigilar a sus ciudadanos y reprimir contactos ilegales, como llamadas internacionales”, denunció Arnold Fang, investigador en Asia Oriental de AI, en una rueda de prensa en Seúl.
Amnistía Internacional presentó en la capital surcoreana su informe “Conexión denegada: restricciones a los teléfonos móviles y la información del exterior en Corea del Norte”, en el que denuncia el “control total” de la información por parte de Pyongyang y las violaciones de los derechos humanos derivadas de esta situación.
Corea del Norte suma unos tres millones de usuarios de teléfonos móviles pero éstos no pueden realizar llamadas internacionales ni tampoco acceder a internet
Corea del Norte suma unos tres millones de usuarios de teléfonos móviles pero éstos no pueden realizar llamadas internacionales ni tampoco acceder a internet ya que el Gobierno no lo permite.
Así, “los norcoreanos con familiares en el extranjero solo pueden hablar con ellos con móviles de contrabando chinos y en zonas fronterizas, lo cual no está al alcance de la mayoría de la población”, afirmó el investigador de AI.
Incluso quienes tienen ese privilegio -hablar con un pariente durante unos minutos puede costar hasta 200 dólares según AI- se enfrentan a fuertes castigos si las autoridades norcoreanas pinchan la conversación y descubren al culpable, aseguró.
“Hablar con un familiar que ha huido a Corea del Sur es considerado un delito de espionaje o incluso traición, y se paga con la reclusión en un campo de trabajos forzados”, explicó Fang.
Al margen de las llamadas telefónicas, desde su llegada al poder en 2011 Kim Jong-un ha reforzado el control de la frontera con China para evitar deserciones y contactos no autorizados con el exterior, según el informe de AI, elaborado a partir de los testimonios de 17 refugiados y 19 expertos de diversas áreas.
Además en cada comunidad de vecinos, denuncia la organización, hay una persona encargada de denunciar a las autoridades delitos como visualizar un DVD de Corea del Sur o sintonizar una emisora extranjera, que también pueden conllevar trabajos forzados.
“Hablar con un familiar que ha huido a Corea del Sur es considerado un delito de espionaje o incluso traición, y se paga con la reclusión en un campo de trabajos forzados”
“El Gobierno considera amenazas a su poder tanto el acceso de los ciudadanos a información del exterior como el conocimiento en el extranjero de lo que pasa en Corea del Norte”, resumió Nicholas Bequelin, director regional de AI en Asia Oriental.
La organización internacional busca destacar la represión de las comunicaciones en la campaña internacional para denunciar los abusos del régimen norcoreano, que incluyen desde ejecuciones sumarias hasta torturas y persecuciones por motivos políticos, religiosos o de género, según un informe de la ONU de 2014.
El pasado noviembre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante para condenar las violaciones de los derechos humanos del régimen norcoreano.
El asunto está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque todavía no se ha sometido a votación ya que se asume que China o Rusia, aliados históricos de Corea del Norte, ejercerían su derecho al veto para evitar que el caso llegue a la Corte Penal Internacional (CPI).
