vía Heraldo de Chihuahua.
Tuvo que darse el hackeo de los archivos del Ejército Mexicano por parte de Guacamaya para que en la Cámara de Diputados se dieran cuenta de que es urgente legislar sobre seguridad cibernética. No los movieron los miles de hackeos y fraudes cibernéticos cotidianos que en este país se cometen diariamente contra las personas, usuarios de redes sociales y de la banca en línea.
El hackeo de las cuentas del WhatsApp Messenger se está convirtiendo en una verdadera epidemia. Los delincuentes -no son otra cosa- se apoderan de las cuentas y perfiles personales para demandar que con toda urgencia se le depositen al supuesto titular cantidades cercanas a los veinte mil pesos (nunca esa cantidad). Afortunadamente el abuso de esta triquiñuela se ha hecho tan frecuente que ya muy pocas personas se dejan engañar y depositan algo de lo que se les pide. Sin embargo, perjudican al titular de la cuenta haciéndole perder tiempo, contactos e información.
La Policía Cibernética poco puede hacer, según ella misma.
Si mucho, ayudarle a restablecer su cuenta.
Por lo demás, nada, porque según señalan, por más que se han dirigido a la empresa de WhatsApp para pedirle haga algo al respecto, ésta nunca responde.
Sin embargo, cualquier trabajo de inteligencia en el ramo podría ubicar perfectamente los números desde donde se hacen las llamadas que preceden al hackeo, si es que las empresas de telefonía estuvieran obligadas a tener un registro adecuado y suficiente de las personas que adquieren un chip o número telefónico. Se va a la tienda de conveniencia más cercana, se compra un chip y todo listo para empezar el atraco telefónico o cibernético. Simple.
Otra forma que combina el hackeo con el fraude es la siguiente: le llaman a un cuentahabiente de algún banco y le dicen que se han hecho cargos indebidos a su cuenta y le dan informaciones sobre ésta que sólo los bancos pueden tener. El usuario, asustado, responde una serie de preguntas y luego espera a que le envíen un código a su celular para supuestamente restablecer su cuenta. Resulta que ese código al activarse le permite al hacker hacer movimientos con la cuenta ajena, vaciarla y depositar en otras cuentas. Cuando el cuentahabiente reclama personalmente al banco, éste se desafana del problema diciendo que es responsabilidad total de él mismo por proporcionar sus datos, que es como si lo hubieran asaltado al salir del banco y nada pueden hacer.
La ley no debería permitir a los bancos evadir su responsabilidad. Por varias razones: en primer lugar, porque o sus plataformas digitales no son seguras, o personal del mismo banco se apodera de los datos de los cuentahabientes y se los proporciona a los delincuentes o actúa en red con ellos. Por otra parte, a pesar de que los bancos señalan que no se den los datos ligados a la cuenta personal por teléfono, ellos mismos continuamente bombardean a los clientes con incontables llamadas promoviendo tarjetas de crédito y otros productos financieros, utilizando los datos personales que los mismos cuentahabientes les proporcionan al momento de abrir una cuenta. Además de ello, se ha reducido tanto el número de oficinas bancarias y del personal que las atiende, que hacer los trámites en una oficina bancaria es perder horas, por lo que no hay más remedio que utilizar la banca en línea.
No puede, por lo tanto, echarle toda la responsabilidad al cuentahabiente o usuario cuando los bancos no blindan sus sistemas ni sus bases de datos para protegerlos. Cuando la misma banca abusa de los datos personales para acosar al público con todo tipo de promociones.
De las pocas compañías que se han beneficiado -y vaya de qué manera- con la pandemia y sus secuelas económicas y sociales son las de telecomunicaciones y los bancos. Todo a costa de sus usuarios, transfiriéndoles mayores costos y riesgos.
Son megaempresas que gozan de una buena dosis de impunidad gracias a los vacíos legales y a la falta de compromiso de los legisladores por defender a las personas en lo particular.
