Claudia Villegas Cárdenas | La Crónica de Hoy | 28 de Agosto 2015
Aunque tarde, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que encabeza Gabriel Contreras notificó finalmente a América Móvil, la controladora de Telmex, propiedad de Carlos Slim, sobre el inicio de la investigación que realiza para determinar si violó o no su título de concesión al participar en servicios de televisión y aprovechar la regla de gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta, conocida como must offer.
La investigación involucra la supuesta alianza con Dish, el sistema de televisión de paga que opera el Grupo Multivisión de Joaquín Vargas, también propietario de concesiones de radiodifusión en donde la batalla para autorizar el must offer se convirtió en uno de los puntos centrales de su agenda informativa.
Telmex y Dish negaron en todo momento que la unión de esfuerzos comerciales para comercializar y cobrar los servicios del sistema de televisión satelital involucraban intereses corporativos y de propiedad porque el título de concesión de la telefónica de la familia Slim no lo permite. Pero no importó. A Telmex le bastó presentar dicha estrategia como un esfuerzo comercial como los que sostenía con otras empresas. Fue la prensa la que develó los documentos que demostraban lo contrario. Eventualmente, Telmex se convertiría en accionista de Dish y ello explicaba todo el interés y los recursos involucrados en ese negocio. Desde entonces, hace más de un año, se esperaba que las autoridades del IFT actuaran en consecuencia; que investigaran y sancionaran las violaciones a una de las disposiciones más antiguas de la Ley Federal de Telecomunicaciones respecto al gigante de la telefonía en México: Telmex no debe participar en el mercado de video porque su título de concesión no lo contempla.
Los comisionados del IFT se tomaron su tiempo para decidir si investigaban o no la alianza Dish y Telmex que, por cierto, sólo replicó fielmente el modelo de negocios que la telefónica ha desarrollado en toda América Latina.
La simulación jurídica en la que habrían incurrido Telmex y Dish es un tema que no sólo se debería investigar y analizar a la luz de las violaciones al título de concesión de la telefónica, sino ante el impacto que la estrategia cobró en los competidores de la industria de las telecomunicaciones. Los comisionados del IFT deberían indagar si el “apoyo” del grupo de Carlos Slim – con un claro enfoque de convertirse en propietario – durante el lanzamiento y operación de Dish en el mercado de televisión satelital, fue determinante para convertirse en el segundo jugador de la televisión de paga en el país. Es cierto, los usuarios se beneficiaron; los precios de la televisión satelital bajaron (¡Muy bien!) pero ¿cuál fue el precio que se está pagando? Nada es gratuito. ¿Hasta qué punto el esfuerzo que realizaron los competidores de Dish para protegerse de la competencia en el negocio de la televisión los debilitó para seguir pugnando por menores precios en la telefonía y en los servicios de voz y datos? El análisis del IFT sobre este caso no puede ni debería circunscribirse a un incumplimiento sino a sus consecuencias. Telmex tiene el derecho de defender sus mercados y el IFT la obligación de proteger a los consumidores.
