Gabriel Contreras, presidente del IFT, decidió no responder públicamente al inusual y enérgico comunicado de la SCT, que el jueves pasado se deslindó de los problemas que se han registrado con la empresa Tecnoradio en la licitación IFT 4 de frecuencias de radio de FM y AM.
La SCT aclaró que no es la instancia para determinar los procesos licitatorios del IFT y que en el caso de Tecnoradio, no le corresponde a la SCT revisar el cumplimiento de los requisitos de las bases de licitación, como es la declaración sobre vínculos comerciales, familiares, o potenciales conflictos de interés.
El presidente de Tecnoradio, Ali Eduardo Bañuelos, no ha salido tampoco a dar la cara después de que el martes pasado se divulgó que habría mentido al IFT, al presentarse como nuevo entrante y recibir el beneficio de un descuento, sin divulgar que su esposa es sobrina de Javier Pérez de Anda, de Grupo Radiorama.
La licitación de frecuencias IFT 4 ha estado envuelta en una fuerte polémica desde que se conocieron sus resultados, porque Tecnoradio, una empresa desconocida, no sólo ganó el mayor número de frecuencias: 34 de FM y tres de AM, sino que además ofreció las posturas más elevadas: en total 288 millones de pesos.
Después se reveló que Carlos Lara, director del IMER, había sido fundador de Tecnoradio, pero sospechosamente se deshizo de sus acciones justo antes de la licitación, sin saber quienes eran los nuevos accionistas y supuestamente sin obtener ninguna utilidad porque la empresa nunca operó.
El IFT ha defendido el proceso de licitación y ha señalado que el proceso sigue abierto, porque en efecto hoy vence el plazo para efectuar el pago y el IFT tendrá que decidir si descalifica a Tecnoradio, que se habría beneficiado indebidamente del descuento como nuevo entrante; si las 37 frecuencias que ganó se asignan al grupo que haya quedado en 2º lugar, y si realmente procederá penalmente en contra de los directivos de Tecnoradio.
NUEVA AGENDA PÚBLICA EN SEGUROS
El premio Naranja Dulce de la semana es para Manuel Escobedo, director del grupo Peña Verde, que opera reaseguradora Patria, General de Seguros y General de Salud, porque inició con el pie derecho su gestión como nuevo presidente de la AMIS, al comprometerse a presentarle a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas una propuesta para una nueva agenda pública en materia de seguros que fomente una mayor inclusión, y cultura sobre administración de riesgos en los tres niveles de gobierno.
El reto no es fácil de cumplir, porque son ya 22 las entidades que han aprobado el seguro obligatorio de automóviles, y la realidad es que sólo está asegurado 30% del parque vehicular del país.
POLITIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El Premio Limón Agrio de la Semana es para Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y para Tanya Müller, secretaria del Medio Ambiente, que insisten en politizar el combate a la contaminación ambiental, y a las medidas adoptadas por la Comisión Ambiental Metropolitana.
Tanto Mancera, quien en plena contingencia se fotografió corriendo al aire libre, como Müller, quien en su cuenta de Twitter publicó dos fotografías de la CDMX con un cielo azul y transparente, parecen minimizar el problema y se quejan de que la CAMe mantenga la fase 1 de contingencia, cuando se llega a 150 unidades del Índice Metropolitano de Calidad del Aire, Imeca.
UNAM A FAVOR DE LIMITAR LAS MOTOS
Mancera se opone también a la propuesta de la CAMe de incluir a las motocicletas en la restricción vehicular en fases de contingencia.
Asegura, y con razón, que habría un impacto negativo para la economía de la Ciudad de México. Se queja además de que no hay estudios que demuestren la eficacia, ni parámetros homologados de verificación.
Sin embargo, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, CCA de la UNAM, que es un organismo con gran prestigio y que no persigue fines políticos, hizo una serie de recomendaciones que incluyen restricciones de circulación a las motocicletas durante las contingencias ambientales.
EL CCA recomienda, entre otras medidas, establecer políticas públicas sobre el uso y emisiones de las motocicletas, horarios escalonados en escuelas y centros de trabajo; uso de energías alternas para calentamiento de agua y aumentar el número de vehículos de transporte colectivo.
