CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la transición de la figura de permisos a la de concesiones públicas a 26 emisoras de radio y 69 de televisión digital, las cuales podrán operar como concesionarios, pero sin fines de lucro.
El organismo regulador precisó que las reformas constitucionales y legales en materia de telecomunicaciones ordenan la transición de permisos al régimen de concesión.
Por lo anterior el pleno del IFT resolvió autorizar tal cambio para la prestación del servicio público de radiodifusión Sonora y de televisión radiodifundida digital, según sea el caso.
De acuerdo con la ley, una concesión de uso público confiere la provisión de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones, sin fines de lucro.
En el caso de los 26 permisos de radiodifusión Sonora, cuyos titulares son entes públicos, transitarán al régimen establecido en el marco legal vigente, para lo cual otorgó, a cada uno de ellos, una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico de uso público en atención a la naturaleza jurídica que tienen los otrora permisionarios.
En el caso de televisión digital radiodifundida, el Pleno resolvió autorizar la transición de 69 permisos de radiodifusión. En el mismo sentido, se otorgó una concesión sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico de uso público a los actuales concesionarios.
Tales autorizaciones involucran a nueve titulares de estas nuevas concesiones como el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; el Instituto Politécnico Nacional; Gobierno de Nayarit; Universidad de Guadalajara; entre otros.
Según el regulador con esta acción regulatoria se atiende lo establecido en el artículo décimo séptimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la citada ley, que dispuso que los permisos otorgados a los poderes de la Unión, a los estados, los órganos de gobierno de la Ciudad de México, los municipios, los órganos constitucionales autónomos e instituciones de educación superior de carácter público deberían transitar al régimen de concesión de uso público.
Con las autorizaciones aprobadas se materializan los beneficios de contar con figuras homogéneas y uniformes que se utilizan para la prestación de servicios de radiodifusión, con lo cual las obligaciones técnicas y legales de los concesionarios se vuelven transparentes y acordes al nuevo marco regulatorio, además se obtienen beneficios como la simplificación administrativa y certeza jurídica a favor de los nuevos concesionarios.
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