Vía El Economista
ICC México exige al Poder Judicial la resolución de más de 5,000 amparos de telecomunicaciones
La Cámara de Comercio Internacional detalló que existen aproximadamente 5,000 demandas de amparo rezagadas en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito que fueron presentadas hace más de 3 meses.
La International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió al Poder Judicial acelerar la resolución de la sobrecarga administrativa de las más 5,000 demandas de amparo, especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por lo que se están violando los derechos humanos e incurren en actos irregulares que pueden causar daño a los particulares.
“Las empresas buscan ambientes de certidumbre legal y estabilidad macroeconómica para invertir. El retraso masivo en la atención de demandas de amparo por parte del Poder Judicial provoca incertidumbre y desalienta la inversión. Ninguna empresa arriesgaría capital para invertir en un país en el que el Estado no garantiza reglas claras y mecanismos funcionales para denunciar y protegerse de la aplicación arbitraria de las mismas”, estableció el organismo privado a través de un comunicado.
La Cámara de Comercio Internacional detalló que existen aproximadamente 5,000 demandas de amparo rezagadas en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito que fueron presentadas hace más de 3 meses. “A la fecha de la presente no han sido admitidas, aun cuando el artículo 112 de la Ley de Amparo prevé que se proveerá al respecto dentro de un plazo de 24 horas contado a partir de que la demanda fue presentada. Incluso, dichas demandas no cuentan siquiera con número de expediente y, por tanto, es imposible realizar alguna gestión ante el juzgado asignado”, reclamó la ICC.
A pesar de que el artículo 112 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben emitir un pronunciamiento inicial dentro de las siguientes 24 horas a que reciban una demanda de amparo, ello no ha ocurrido. Han pasado meses y las demandas siguen acumulándose, dijo.
El organismo privado internacional dijo que la saturación y el rezago de los órganos jurisdiccionales es entendible. No obstante, ello no releva a las instituciones del Estado mexicano, como lo es el Poder Judicial Federal, del deber que les impone el artículo primero de la Constitución de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho fundamental de acceso a la justicia, dentro de los plazos que prevén las leyes, pues de lo contrario no solo están violando los derechos humanos, sino que están incurriendo en actos irregulares que pueden causar daños a los particulares que no tienen deber jurídico a resentir.
“El juicio de amparo es por excelencia el mecanismo de protección de los derechos humanos. Hoy, este mecanismo no funciona debido a la sobrecarga de los jueces”, sostuvo.
Lilia González