En los últimos días, temas como los impuestos y gasolinazos han traído a la mesa un debate que parece no tener fin, pues está relacionado con la forma en que se pueden fortalecer los ingresos del sector público sin generar mayor carga impositiva al contribuyente y consumidor.
Seguro, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ha puesto a buscar fuentes de ingresos (que incluso pueden resultar recurrentes) en los guardaditos del patrimonio nacional, pues eso no sólo mitigaría el efecto de un recorte de gasto (si no se partidizará el lenguaje hacendario serían tratadas como “eficiencias de gasto”), y se espera será propuesto en tres semanas al Congreso por cerca de 130 mil millones de pesos para lograr una reducción del déficit ampliado de 3% a 2.5% del PIB.
Una opción es darle peso al acuerdo que firmaron desde febrero de este año, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que preside Soraya Pérez Munguía, y la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, para establecer la política inmobiliaria y las bases de coordinación, para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
Esto, porque aunque existe, no está claro el esquema de pago de derechos, pese a que puede generar un flujo adicional para las arcas públicas, dado que se puede aprovechar la venta de algunos terrenos o inmuebles para la instalación de antenas y postes, lo mismo que redes ópticas en infraestructura federal, que aumenten la infraestructura en telecomunicaciones, pero le bajen fuerte a la especulación y sobreprecio a la que están sujetas las instalaciones en el mercado.
Si se permite recaudar recursos por concepto de derechos por su uso continuo y se logra que no sólo se vea como infraestructura para la red compartida, sino para la red nacional, con precios fijos para establecer hoteles y esas linduras que hoy tienen un sobrecosto impresionante para la industria, porque si son privados los inmuebles se llevan 35% entre derechos de vía y autorizaciones municipales, pero si son federales, tienen que ir todos los participantes con las dependencias (SEP, IMSS, Fovissste, etcétera) por citar alguna, para rentar (o pagar derecho).
Se estima que el gobierno federal cuenta con alrededor de 103 mil inmuebles federales, de los cuales 25 mil 567 (25%) son ocupados por la administración pública federal (APF) como inmuebles administrativos. Según la política inmobiliaria acordada serían como 13 mil los disponibles. Esto porque 60% son inmuebles federales que se utilizan para el culto religioso, 10% son inmuebles de uso común (infraestructura) y 4% son inmuebles definidos como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.
Obvio, hay que descontar a las iglesias porque los padrecitos ponen cortadores de señal para evitar que el celular distraiga al feligrés en la homilía.
Con la enorme cantidad de inmuebles que el gobierno tiene en su poder, si es una opción viable cobrar derechos de arrendamiento a particulares –pero cuidando que la renta no se convierta en un factor de inflación inmobiliaria, porque en el caso del parque privado, hoy tiene incrementos anuales que van del 8% a 10% y los operadores se ven en serias dificultades para expandir sus redes.
Si la meta de recaudación considera que lo más importante es fomentar la inversión de empresas privadas en dicha infraestructura para la ampliación de la red de comunicaciones, internet y conectividad a lo largo del país, y se facilita el que el INDAABIN ponga orden en lo que él mismo ha señalado como un problema por la falta de control sobre el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.
Pues, se da cuenta que podría llegar Santaclós en pleno agosto, con sólo definir avalúos claros y tablas de pagos por derechos de arrendamiento.
DE FONDOS A FONDO
#NAICMVuelaaaa… en la segunda mitad de septiembre, el director general del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya con 70% de la obra principal licitada y el proyecto en marcha, iniciará un roadshow para colocar entre México y Estados Unidos aproximadamente mil millones de dólares en bonos de mayor plazo, lo que le permitirá sustituir los mil millones de dólares que se han utilizado en la fase inicial de construcción de la facilidad aeroportuaria.
Recordemos que el año pasado tomaron un crédito revolvente con un sindicato bancario encabezado por JP Morgan, HSBC y Citi, y ellos mismos serán los coordinadores globales de la colocación que les comento. Y si la ventana de oportunidad es como se predice, permitirá la colocación hacia finales del noveno mes de este año, toda vez que se trata de un activo poderoso, bien estructurado, con flujos que pueden ser conocidos a partir de la operación saturada del AICM de Alexandro Argudín, y finalmente, apoyados en la misma calificación del crédito soberano que ya fue emitida por las calificadoras.
#SinEnroque… Como le opiné. Los rumores que suponían un enroque entre Guillermo Ruiz de Teresa, pasando a la Subsecretaría de Infraestructura, y de Raúl Murrieta, yendo a Puertos, fue sólo parte de una decisión que finalmente se tomó.
Y también como le opiné, de que habría cambios pronto los habría. Ayer hacia las dos de la tarde se despidió Raúl y en su lugar, el secretario Gerardo Ruiz Esparza ascendió a Oscar Callejo Silva, quien hasta ahora se desempeñaba como director general de Carreteras de la SCT.