2021.05.06
Vía El Financiero
Los diversos órganos con autonomía constitucional, como el IFE, son un contrapeso al poder central; sin embargo, han sido cuestionados por la actual administración.
A lo largo del mes de abril los llamados órganos constitucionalmente autónomos en México así como algunos tribunales que en el pasado habían carecido de protagonismo, emergieron de manera ruidosa en la vida nacional.
Ese cambio llegó al punto de que el presidente de la República ratificó públicamente su intención de buscar una reforma constitucional que los suprima y que conduzca a que las funciones que dichos órganos y tribunales cumplen sean realizadas por las propias secretarías del gobierno o por los juzgados comunes.
Andrés Manuel López Obrador tiene razón en el hecho de qué el Estado mexicano sufrió profundas transformaciones en los 90 y en las primeras dos décadas de este siglo.
No solamente hubo por primera ocasión alternancia en la presidencia de la República, cuando el candidato del PAN derrotó al del PRI en el año 2000, sino que los partidos en el gobierno dejaron de tener mayorías absolutas en el Congreso. Y el Poder Judicial adquirió una independencia que no tenía en el pasado.
En este contexto se crearon diversos órganos con autonomía constitucional del poder ejecutivo, con objeto de asegurar que su función pudiera ser cumplida sin injerencia de intereses partidistas o electorales.
El primero de los órganos constitucionalmente autónomos que fue creado se trata de el Banco de México, justo en el año 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En los años anteriores, el Banco Central había sido una dependencia del gobierno y su director era nombrado directamente por el presidente de la República, sin pasar por ninguna otra instancia. Y podía igualmente ser removido por el Jefe del Ejecutivo.
La autonomía del Banco Central condujo además a que las decisiones de política monetaria fueran atribución exclusiva de su Junta de Gobierno, la cual no tenía que rendir cuentas ni al secretario de Hacienda ni al presidente de la República.
Al paso de los años, el fortalecimiento de dicha autonomía condujo a que los niveles de inflación en México fueran sistemáticamente más bajos que en épocas anteriores.
También en 1994, el Instituto Federal Electoral (IFE), con un órgano de gobierno que está compuesto por consejeros ciudadanos y no por funcionarios públicos, se convirtió en la principal autoridad electoral vista en el país.
Previamente, la organización de elecciones por parte del gobierno federal daba lugar a constantes conflictos que generaban inestabilidad social y política. El extremo fueron las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988.
La creación del entonces IFE y ahora INE fue clave para generar en México una situación de estabilidad política, que sólo se vio truncada con el conflicto que se desató en el 2006, cuando el actual presidente no reconoció los resultados electorales de este año.
Otras instituciones autónomas que fueron apareciendo al paso fue el Inegi, como el órgano del Estado responsable de la información estadística y geografica en el país. Se creó igualmente la Comisión Federal de Competencia Económica, encargada de vigilar la prevalencia de condiciones de competencia en diversos sectores de la economía
Apareció también el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como un instrumento ciudadano para poder tener posibilidad de conocer la información de las actividades del Estado. Posteriormente, a este instituto se le adicionó la responsabilidad de vigilar la información personal.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones apareció también como la entidad responsable del ámbito de radiodifusión y telecomunicaciones, con un nivel de autoridad que no requería rendir cuentas al gobierno.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, también obtuvo autonomía constitucional para realizar la medición de la pobreza en México.
A la par de estos órganos, el Poder Judicial se transformó al crearse juzgados y tribunales especializados, por ejemplo en materia de competencia y telecomunicaciones. En el Poder Legislativo, se fortaleció el papel de la Auditoría Superior de la Federación, encargada de vigilar las cuentas públicas, cuya información dio lugar a diversos procesos de investigación periodística, como la llamada Estafa Maestra.
Todos estos cambios implicaron un debilitamiento de el poder presidencial, que en el pasado fue comparado con el de un soberano, al carecer de contrapesos efectivos.
De hecho, otros órganos también contribuyeron a tener criterios técnicos en la toma de decisiones en ámbitos como el del sector energético, como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pese a no tener autonomía constitucional.
La visión del actual gobierno es que a lo largo de las últimas décadas se le fue cercenado al gobierno, y en particular al presidente de la República, un conjunto de poderes que se delegó a instituciones que podrían tener visiones y filosofías diferentes a las del presidente.
Por ello, desde hace meses hubo declaraciones de López Obrador señalando la necesidad de desaparecer a dichas instituciones.
Quizás incluso por sentirse bajo presión del poder presidencial, algunas de ellas adquirieron un protagonismo que no habían tenido en el pasado o reforzaron el que ya tenían.
Las decisiones del INE sacudieron recientemente a la política nacional al dar de baja a dos candidatos a gobiernos estatales por parte de Morena, pero además se fijaron reglas del juego que van a permitir una mayor equidad en la conformación de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones federales de junio.
A diferencia de otras ocasiones, en ésta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia jurídica, ratificó las decisiones del INE y las hizo inapelables.
La Comisión Federal de Competencia Económica se convirtió en el némesis de la Secretaría de Energía, al interponer controversias constitucionales contra políticas y reformas legales, que habrán de resolverse en la Corte.
Recientemente el INAI también tuvo protagonismo al establecer una acción de inconstitucionalidad respecto al registro de teléfonos celulares requiriendo datos biométricos de los usuarios.
Es decir, se mostró que los órganos autónomos y los tribunales funcionaron realmente como contrapeso al poder central, tal y como era la intención cuando se les creo.
Sin embargo, la clave será la Corte, pues diversos litigios con el Ejecutivo van a terminar en ella y sus resoluciones van a indicar si realmente la división de poderes permanece en México.
