2018-10-15
Piden que se castigue a quien no demuestre la procedencia legal de su teléfono celular.
Sólo en lo que va de 2018, la lista negra de números celulares desde los que se realizan llamadas de extorsión creció 150%, al pasar de 206 mil a finales de 2017 a 500 mil en lo que va del presente año, dijo Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano.
En entrevista, comentó que la solución existe, como se ha demostrado en diversos países, por lo que propuso la promulgación de leyes que obliguen a que todo celular se opere al igual que un automóvil y se castigue a quienes no muestren una factura que acredite la propiedad, especialmente cuando haya reportes de que desde esos números se realizaron llamadas de extorsión; que en verdad se bloqueen aquellos equipos reportados como robados y se castigue el desbloqueo y venta de dispositivos de los que no se compruebe su tenencia legal.
Por ello, dijo que si no intervienen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también el sector empresarial y la sociedad, en los siguientes diez años se seguirá hablando del mismo problema sin control, por “corrupción, colusión y falta de voluntad”, en un ámbito en el que “parece que hay a quienes no les interesa que se solucione”, dijo.
Destacó que, además, entre organismos e instituciones no hay comunicación ni organización para trabajar en un mismo sentido.
Ejemplificó que lo anterior se puede comprobar con el anuncio reciente que hizo la Condusef, en el sentido de que abrirá una página de internet en la que se publicarán todos los números de las líneas desde las que se reporte que se hicieron llamadas para extorsionar.
Dijo que, en tal contexto, el segundo delito más cometido en México es la extorsión y que el artículo más robado en el país es el celular, por lo que es el delito número uno.
De acuerdo con estimaciones entre operadores, aunque no existe un cálculo oficial, el robo, desbloqueo y reventa de teléfonos celulares se ha convertido en un ecosistema, con valor de alrededor de tres mil millones de dólares anuales.
Datos de la Anatel indican que entre 2016 y 2017 se realizaron cuatro millones de llamadas desde penales. Más recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que sólo en 2017 se realizaron 3.7 millones de llamadas desde celulares y casetas públicas desde siete penales estatales y federales.
