A propósito de la asimetría regulatoria cuya armonización se buscará en la renegociación del TLCAN, uno de los elementos que saltan como ejemplo de una política contradictoria del gobierno mexicano es el costo del espectro, elemento que no depende del IFT, de Gabriel Contreras, sino de la SHCP, de José Antonio Meade.
Más allá del costo del espectro por licitaciones o compras a terceros (que han sido permitidos sólo para el caso de América Móvil primero con Iusacell y luego con MVS), en México 80% del valor del espectro está definido por los derechos anuales que son establecidos en la Ley de Derechos. Esos costos constituyen un costo fijo e imponen una escala mínima en el mercado para que los operadores sean viables, pero en realidad, la concentración de espectro en América Móvil y la proporción del pago del derecho, hace que para Telefónica México, de Carlos Morales o para AT&T, que dirige Kelly King, el costo represente entre el 12% y el 14% de sus ingresos, contra 4% de América Móvil-Telcel.
Según la OCDE, México es el tercer mercado más caro de los países que la integran, donde destaca como el más caro Austria cuyo precio normalizado a 20 años y ajustado por ARPU es de 0.70 centavos de dólar por MHz/Pop. En México es de 0.30 centavos, mientras que en EU de 0.25, Alemania de 0.03 y Dinamarca –el más conectado de todos—de 0.0.
Para 2018, el costo del espectro representará más del 12% de los ingresos de los operadores no preponderantes, mucho mayor que el promedio de operadores en la OCDE. En otros servicios, como el satelital, el espectro sólo cobra el equivalente al 3% de los ingresos de los concesionarios. Y en el caso de la Red Compartida, el compromiso de pago es 10 veces menos en derechos por un espectro con mejores características de propagación que requiere menos infraestructura.
El desafío de los operadores no incumbentes es mayor ante la próxima prórroga de espectro adquirido en 1998, porque el espectro costará casi tres veces más en términos reales que cuando se compró.
Para determinar la contraprestación la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda puede tomar como referencia la postura de la licitación de AWS-1, la de AWS-3, introducir la referencia de MVS, considerar la 2.1 o un promedio de ambas, o cambiar por completo la metodología sin una razón de mercado clara, sólo con una meta de recaudación.
De cualquier forma, se prevé que el costo de la prórroga es tenga un fuertes impacto en la rentabilidad de los operadores no preponderantes, porque el espectro se actualiza cada año por el INPC no del Índice de Precios de la Industria de las Telecomunicaciones y está desvinculado de su proporción en relación a los ingresos promedio de la industria. El valor máximo de la contraprestación siempre será mayor para un monopolio dado que no está en riesgo su capacidad de compra y, mientras no se fijen límites en las subastas, podrá replicarse lo ocurrido hasta hoy: AMX siempre ha adquirido el tope de espectro que le ha permitido el regulador.
La OCDE, el estudio sobre Políticas de Banda Ancha para Latinoamérica y el Caribe indica: “… asignar el espectro al operador que más lo valora no necesariamente maximiza el valor generado para la economía. Esto justifica en parte los topes de espectro, que tratan de proteger la competencia”.
“…La estimación por viabilidad comercial se basa en el flujo de efectivo de la empresa que utiliza el espectro. La principal premisa de este método es que un operador nunca estará dispuesto a pagar una cantidad superior al valor actual neto del efectivo generado por el negocio. Suele ser la forma más realista de estimar el precio del espectro”.
Retomando el inicio y el TLCN. El regulador estadunidense, el FCC, sometió a la industria su propuesta de presupuesto y cobro de cuotas de supervisión y regulación a la industria el pasado 23 de mayo, propuesta que opina la industria y en la que se incluyen los costos del espectro, en el entendido de que estos deben servir para financiar sus operaciones. Es tan transparente que, incluso, se establece cuánto se debe pagar por cada empleado y a qué funciones se dedicará cada uno.
El documento In the Matter of Assessment and Collection of Regulatory Fees for Fiscal Year 2017 se propone una recaudación anual de 356,710,992 dólares en carga regulatoria para el 2017. En México ni siquiera se sabe para qué se usan los derechos por espectro cobrados porque tampoco nadie tiene claro el detalle del costo administrativo del IFT.
DE FONDOS A FONDO
Aun cuando la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de Alexandre de Juniac emitirá su opinión formal a la Cofemer sobre las nuevas reglas para la asignación de slots (horarios de aterrizaje/despegue) en aeropuertos saturados, trascendió que las reglas de slots y aeroportuarias de la SCT, de Gerardo Ruiz Esparaza, son consideradas positivas y en la dirección correcta.
Lo mejorable: que el administrador aeroportuario retire un horario cuando no se cumpla al menos el 80% de los vuelos, la propuesta dice 85%; también que sólo se considere la cancelación de vuelos para penalizar las aerolíneas con el retiro de slots y no las demoras, pues al no existir un mecanismo claro de cómo determinarlas, esto ocasionaría controversia entre los operadores.
Finalmente, el tema más controversial es la creación de un coordinador independiente del gobierno para la asignación de slots. IATA propone que en tanto no se constituya, AICM, de Alexandro Argudín, actúe con transparencia en la asignación de los horarios y evite la discrecionalidad. Habrá que ver si estas primeras ideas ayudan a enfilar la propuesta de la SCT y atiende las preocupaciones que externó la Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios.
