Javier Lizárraga Galindo, adquirió notoriedad en la segunda parte del gobierno de Felipe Calderón, al ser designado director general del organismo Telecomunicaciones de México (Telecomm/Telégrafos). Presumía formar parte del grupo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero.
Con una actitud intransigente y soberbia, generó problemas laborales al cancelar prestaciones a los trabajadores. La prudencia y madurez de la dirigencia sindical encabezada por Manuel Ernesto Álvarez Arana, evitó que el conflicto llegara a las calles, lo que hubiese sido de gravedad extraordinaria, por el manejo de los satélites del país.
Tras ser relevado de esa posición, semanas después de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, Lizárraga Galindo fue incorporado a la asesoría del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de donde salió para hacerse cargo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones que encabeza Mónica Aspe Bernal.
Los resultados negativos de las elecciones de mediados de este año, en las que el PRI perdió siete gubernaturas estatales, generaron condiciones para que priistas cuestionaran el trabajo político realizado por delegados federales -y otros funcionarios-, de militancia panista, en contra de su partido. Lizárraga Galindo, que se conozca, no ha renunciado a su membresía en el PAN.
Desde su posición actual, tuvo a su cargo el manejo del programa del gobierno federal a través del cual el año pasado se entregaron millones de televisiones digitales a hogares de escasos recursos, para evitar fueran afectados por el apagón analógico.
Sólo que hace unas semanas -a finales de septiembre, para ser precisos- el influyente periódico estadounidense The Wall Street Journal, denunció irregularidades en la compra de televisiones ya que, entre otras cosas, en algunos casos se hizo por adjudicación directa.
Citó declaraciones de Rodrigo Ramírez, a quien identificó como “jefe de finanzas” de la SCT, que habría admitido que la adjudicación directa se otorgó luego de agregar más de un millón de beneficiarios a la lista de entrega semanas antes de la fecha límite para concluí el programa.
A la fábrica de televisiones “Diamond Electronics, S.A.” se le entregó una adjudicación directa para la compra de 460 mil televisiones a finales de noviembre, cuando el programa de entrega venció el 31 de diciembre del año pasado.
El influyente periódico norteamericano aseguró que cerca de los dos tercios de las 10.5 millones de televisiones distribuidas por ese programa -con un presupuesto de mil 300 millones de dólares- fueron compradas mediante contratos a la empresa local “Comercializadora Milenio, S.A.”, en sociedad con lo que llamó “su empresa hermana”, el fabricante de televisores “Diamond Electronics, S.A.”
Sólo que Diamond, para cumplir con el pedido, requirió de financiamiento que la banca privada le negó, por lo cual fue necesario que recurriese a Bancomext, un banco del Estado Mexicano, aunque no precisó ni el monto ni las condiciones de pago.
Según esa versión, empresas trasnacionales no obtuvieron contratos para la venta de los televisores de 24 pulgadas que se distribuyeron entre 2014 y 2015. Fue porque se habrían rehusado a pagar sobornos entre 12 y 18 dólares por aparato.
Volvió a citar a Ramírez, quien rechazó las acusaciones de sobornos bajo el argumento que las proveedoras son empresas serias y casi globales, pues tienen negocios en Estados Unidos y Asia.
The Wall Street Journal no hizo señalamiento a funcionarios de manera directa de actos de corrupción. Tampoco se refirió a alguna dependencia específica.
Sin embargo, esa información generó suspicacias en torno a la pulcritud del programa de televisiones digitales a grupos de escasos recursos frente al apagón analógico.
Ahora bien, la designación de Jorge Juraidini al frente de la dirección general de Telecomms/Telégrafos, en sustitución de Lizárraga Galindo, no se tradujo en un mejoramiento en la conducción del organismo. En los primeros meses de su gestión, tuvo que ceder a Bansefi, un banco estatal que dirige Paulina Alejandra del Moral Vela, el pago de “Prospera”, el programa mediante el cual el gobierno apoya a productores agrícolas.
PARA LA AGENDA
El regreso de José Reyes Baeza a Chihuahua -después de seis años de una especie de autoexilio por sus diferencias con su sucesor, César Duarte-, parece el inicio de su campaña en pos de la candidatura del PRI al Senado de la Republica: entregó, con la presencia del panista gobernador Javier Corral -lo que generó suspicacias respecto a la ayuda que del priista pudo haber logrado en las pasadas elecciones-, poco más de 145 millones de pesos en apoyo a burócratas de ese Estado: 15.8 millones para remodelación y equipamiento de la unidad habitacional “Parques FOVISSSTE Chamizal” de Ciudad Juárez, y 130 millones para mil 500 créditos de derechohabientes de ocho municipios. Reyes Baeza, antes de lanzarse en busca de su objetivo político, deberá poner atención en huecos que algunos de sus subalternos en el ISSSTE no han podido -quizá no han querido- tapar y que tarde que temprano pueden generarle dolores de cabeza, porque las demandas siguen acumulándose…