2021.03.10
Vía Expansión
Los sectores energético, eléctrico y laboral serán observados de cerca por las autoridades de EU para asegurar el cumplimiento del acuerdo comercial, opinan Yamel Cado y Lissett Tautfest.
A diferencia de su antecesor, Donald Trump, el actual presidente de la nación vecina del norte ha expresado en varios foros su interés en las energías limpias y en la investigación e innovación climática, por lo que no debe sorprendernos que su gobierno mire con lupa, por ejemplo, al sector energético de nuestro país.
En el aspecto laboral, estaremos presenciando mayor interés en todo lo concerniente a las condiciones de trabajo de las personas y los salarios, así como a los sindicatos –la Reforma Laboral que se llevó a cabo en 2019 justamente fue resultado de las exigencias emanadas del T-MEC–. Por ello las autoridades estadounidenses observarán muy de cerca el cumplimiento de los acuerdos en esta materia.
Ahora, donde las reacciones no se han hecho esperar es en lo relacionado con las modificaciones en las leyes del sector energético y eléctrico –ya hubo un par de misivas publicadas para expresar preocupación sobre las iniciativas presentadas por parte del Ejecutivo en Méxicos: una por parte del gobierno, todavía presidido por Donald Trump, y otra más reciente, a principios de febrero de este año, por parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber). Y es que las modificaciones contravienen lo acordado en el T-MEC.
El escenario arroja varias preocupaciones. Por un lado, no ha existido un acuerdo bilateral sobre las acciones que ha llevado a cabo cada país que forma parte del acuerdo comercial para un manejo conjunto y coordinado de la pandemia. Cada nación lleva una estrategia muy específica de acuerdo con sus necesidades.
¿Cuál sería la relevancia de tener un acuerdo? Desde el inicio de la pandemia hubo afectaciones en la frontera; no solo en el paso de personas, sino también de transportes y despacho de mercancías. Esto ha provocado importantes retrasos. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, Estados Unidos la consideró como actividad esencial. Esto no sucedió en México, lo que provocó demoras en las cadenas de suministro.
Otra preocupación en torno al tratado es la falta de pronunciamiento por parte de nuestro país en el ámbito fiscal. Por ejemplo, en términos de precios de transferencia, deducibilidades e incentivos, entre otros. Especialmente en sectores críticos, como el energético, eléctrico y maquilador. Este escenario supone un área gris que causa incertidumbre en los inversionistas y los empresarios.
