Vía La Verdad
Gerardo Flores, integrante del IDET, detalló las razones de su inquietud en torno a la determinación del Instituto Nacional Electoral de evaluar programas de opinión.
En una conversación con Sheila Amador en MVS Noticias, Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), expresó su preocupación acerca del potencial peligro para la libertad de expresión debido a la supervisión que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará en los medios durante el proceso electoral de 2024.
El especialista explicó que el ente a cargo de las elecciones ha estado llevando a cabo el monitoreo de programas que difunden noticias durante varios años, en virtud de la reforma de 2007.
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“Se respaldan en la UNAM y evalúan con el propósito de garantizar la equidad en el trato de candidatos y partidos políticos. Evalúan la duración y el tono de la noticia, calificándola como positiva, negativa o neutral”, comentó.
INE adopta enfoque innovador de cara al 2024
A pesar de ser un acuerdo con los partidos políticos y candidatos, Flores señaló que, de cara al 2024, el instituto ha adoptado un enfoque más creativo al decidir incluir programas de opinión, lo que marca “la primera vez en la historia que lo hace”.
“Desde la perspectiva del IDET, esta situación es inquietante ya que representa una amenaza a la libertad de expresión. Los programas de opinión tienen una dimensión subjetiva, ya que reflejan las opiniones individuales, lo que dificulta definir una perspectiva objetiva”, reiteró.
El miembro del IDET enfatizó que esta decisión podría dar lugar a que los partidos políticos o candidatos presenten quejas ante el Instituto Nacional Electoral en contra de periodistas y medios que difundieron dichos programas de opinión.
En este contexto, Gerardo Flores afirmó que “esto no tendrá otro resultado que fomentar la autocensura“, la cual resulta “tan perjudicial como la censura”.
Ante la intención del INE de supervisar programas de opinión en las elecciones de 2024, Gerardo Flores, del IDET, explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que intervenir pronto para evaluar si esta decisión es legal y está en consonancia con la Constitución.