vía La Razón.
Desde marzo pasado el Congreso de la Unión tuvo un diagnóstico claro sobre la seguridad informática en el país y que advertía que la Administración Pública estaría en riesgo de sufrir ciberataques que afectarían sus funciones, pero nadie hizo caso… y el pasado viernes se dio el mayor ataque cibernético al Estado Mexicano.
En la Cámara de Diputados y el Senado el tema no ha sido del mayor interés. Desde 2018 se han presentado 11 iniciativas para garantizar seguridad informática que dé certidumbre a ciudadanos y autoridades, pero diez de ellas aún no se discuten en comisiones y una esta sin dictaminarse en comisión de la cámara revisora.
Dicho por legisladores consultados, hasta el momento no ha sido una prioridad para la 4T y hay un profundo desinterés de la oposición por avanzar en este tema. Se lo ha llevado, pues, a la congeladora legislativa y no hay ni voluntad política ni interés social de sacarlo adelante.
Pero hay un ingrediente extra que no hay que perder de vista: grupos sociales, como la agrupación Artículo 19, han advertido que la iniciativa más destacada, la de la senadora Lucía Trasviña (de Morena), puede vulnerar derechos y libertades ciudadanas. Así de difícil está el asunto.
La ciberseguridad es prioritaria, no solo para enfrentar ataques terroristas o del crimen organizado que pongan en riesgo a una nación, sino para enfrentar delitos como fraudes, robo de identidad, acoso, extorsiones, estafas, violación a la privacidad, flujo de dinero ilegal, explotación sexual, pornografía infantil. Pero aquí no les interesa.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, da cuenta de que cuatro de estas iniciativas presentadas modificarían el Código Penal Federal; cuatro buscan la creación de una Ley General de Ciberseguridad y tres reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Además, dos de estas iniciativas piden la creación de una efeméride; una es propuesta de reforma a la Constitución; una implica modificaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana y otra a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incluso buscan crear la Comisión Nacional de Ciberseguridad.
Más allá del robo de información al gobierno, hay que ver también qué pasa con los ciudadanos.
A nivel local, de acuerdo con las reclamaciones hechas ante la Condusef, del total de fraudes cibernéticos al segundo semestre de 2021, dos millones 534 mil 130 fueron en comercio por internet; 119 mil 179 por banca móvil; 89 mil 324 a operaciones por Internet de personas físicas; 3 mil 76 operaciones por Internet de personas morales; y 29 pagos por celular.
El análisis del Senado apunta que el robo de identidad es uno de los pendientes en materia de ciberseguridad que más afecta a las y los mexicanos pues ha dejado pérdidas anuales por 5 mil millones de pesos y al menos 200 víctimas por mes.
Y mientras que en México parece que legislar en materia de ciberseguridad no es prioridad —pues ahora se atienden delitos de esta índole con base en el Código Penal Federal—, de qué tamaño es el problema que a nivel global es la Oficina de Lucha Contra el Terrorismo, de las Naciones Unidas, la encargada de atenderlo.
