vía El Economista.
El acceso a Internet es un derecho humano consagrado en la Constitución mexicana, pero los altos costos que imponen la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión a las empresas que explotan ese insumo para telefonía y banda ancha móviles dificultan que más mexicanos accedan a Internet.
Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, celebra los cuarenta años de ese organismo como promotor de buenas prácticas en la industria fija y móvil de servicios. La ASIET existe incluso antes de que los internautas teclearan el triple w en los navegadores de Internet y desde que las redes se basaban en hilos de cobre.
La ASIET quiere ahora abrir la discusión para que América Latina tenga pronto una política regulatoria enfocada en el ecosistema digital, una regulación de nueva generación que, por ejemplo, haga posible que un usuario pueda enviar mensajes de WhatsApp a Telegram, haciendo así realidad una interoperabilidad digital de redes, pero también anima a discutir asuntos de protección de datos, ética en la inteligencia artificial y aplicaciones de nube, sin dejar de insistir en que los escollos que existen para la construcción de infraestructura física complican a su vez los accesos dignos a Internet.
Maryleana Méndez celebra que más personas y sobre todo mujeres dirijan puestos en la ASIET por todo el continente y uno de sus retos es lograr una mayor cercanía de ese organismo con los ministerios de hacienda y economía de los distintos países latinoamericanos para sensibilizarlos sobre ecosistema digital y en materia espectral también.
“Quiero irme con una ASIET más fortalecida para otros cuarenta años y más diversificada, superando ya los problemas de vieja data y observando los retos que nos impone la nueva generación de redes. Hay un gran camino todavía por nivelar y tener esas nuevas normativas es el trabajo pendiente”, dice la líder de ASIET en esta entrevista.
—¿Qué destaca de los posicionamientos de la ASIET que influyeran en la generación de política pública o política regulatoria de todo el continente y que puedan justificar la existencia de esta cámara durante cuarenta años?
—El hecho de estar aquí por cuarenta años significa que hemos agregado valor al sector en todo este tiempo y que continúa siendo ésta una organización donde la permanencia de los socios es voluntaria; su estancia no es una cuestión obligatoria ni normativa. Cuarenta años es mucho tiempo. Por ejemplo, el sistema de la World Wide Web (WWW) nació después; entonces, la ASIET acompaña a la industria desde el servicio fijo, hasta hoy cuando ya hablamos además de generación móvil, de tecnologías como la inteligencia artificial, protección de datos o ciberseguridad.
Todo lo que ha habido en el centro es una evolución muy grande para un relativo corto tiempo, y esto si queremos verlo en función de lo que ocurre en otras industrias y su evolución tecnológica.
El principal hecho es que hemos estado en la conversación durante todos años para abrir espacios de diálogo con autoridades, llevando mejores prácticas y emitiendo informes con datos específicos que apoyan las decisiones. Hemos tenido una conversación muy íntima con las autoridades y es lo que seguimos haciendo y procurando con ello las mejores condiciones para la inversión y asegurando así que la conectividad llegue hasta las regiones más desatendidas de nuestra región.
Allí está la clave. Han sido años de un acelerado cambio, sobre todo en estos últimos años, donde la tecnología tiene cada vez ciclos más cortos, más rápidos y su extensión y su impacto es mucho más amplio, pues más personas se unen ahora a los servicios de telecomunicaciones y entender ello y proponer es la clave para seguir estando.
—¿Qué obstáculos platicaría que la ASIET ha enfrentado en sus intentos de sensibilizar durante cuarenta años sobre esas buenas prácticas a los tomadores de decisión en política pública?
—Es importante decir que quien toma la decisión, tiene la responsabilidad. Las personas que se sientan en las sillas de las autoridades de regulación y ministerios, que existen de todas las formas en América Latina, son las personas que tienen en sus manos hacer los cambios. Y deben entender que las normativas que se emiten se enriquecen mejor con el insumo de otros actores del mercado.
Una regulación que únicamente sale con la visión de una persona que está sentada en la silla detrás de un escritorio, no es igual a una regulación que ha escuchado la visión de la industria. Tenemos muchas decisiones que han salido, pero que no han sido acordes con lo que pudiéramos decir: “esto es positivo”.
El costo del espectro en México… cuántas veces lo hemos hablado y aun así su costo y todo lo relacionado con los pagos de derechos no ha disminuido, y pues allí tenemos ya las consecuencias de ello. Por eso hay que insistir y podemos ver otros ejemplos, como por en Perú con la ley de velocidad garantizada, que lo que hizo fue más bien reducir las coberturas porque sólo así los operadores pueden garantizar velocidad.
Algunos elementos positivos hay. Mencionaría las nuevas generaciones de leyes sobre antenas en América Latina, que allí hay una serie de normativas que se han emitido para facilitar el despliegue de infraestructuras en municipios. Nos queda por tanto la tarea de seguir aportando, llevar mejores prácticas que funcionaron en un lado y que podrían funcionar en otros países para que se enriquezca la decisión.
—Si bien las iniciativas promovidas por organismos como GSMA o ASIET han permeado en el tiempo a favor de todos los operadores del ecosistema, se tiene aquí la percepción de que estas cámaras son máquinas para hacer lobby; que GSMA es igual a América Móvil y que ASIET es a Telefónica, cámaras que defienden a los gigantes, pero que no acompañan a los operadores locales. ¿Qué diría?
—Ninguno de los operadores que son nuestros socios son dueños de la verdad y el posicionamiento. Nosotros nos debemos abstraer de las diferencias que haya en los mercados, porque en algunos países los regulados son los dominantes y en otros pases son otros los dominantes. Hay también otros competidores que vienen igual a dinamizar enormemente los mercados de los países. Por ello debemos movernos nosotros en un estrato superior donde busquemos mejorar las condiciones de inversión para los usuarios.
El mercado es un ecosistema enorme, no sólo de operadores de telecomunicaciones de todos los tamaños y ahí lo más importante es que este sea un mercado sano, porque en última instancia todos se relacionan entre si y lo importante siempre es que las condiciones de inversión sean buenas y exista conectividad.
Pongo un ejemplo: en el caso argentino, hay como mil operadores entre pequeños y grandes; de cooperativas y capital único; fijos, móviles o por satélite. Allí hemos trabajado mucho en el tema del congelamiento de precios y su resultado ha sido para todos, porque esa es una medida que no nos parece correcta, porque sólo ralentiza la inversión de los operadores e incluso atenta contra la calidad del servicio, porque cuando no hay flujo de caja para operar y mantener redes, se afecta la calidad del servicio que el usuarios recibe.
Nosotros no hacemos distingos entre uno u otro operador. Nosotros nos posicionamos en una capa del sector donde lo que queremos hacer es agregar valor al mercado. Habrá, claro, posiciones en donde los operadores estén encontrados y ahí nosotros sí tendremos que defender los intereses de quienes sean nuestros asociados, pero siempre con el buen y muy claro sentido de agregar valor a las condiciones correctas de inversión.
—¿Está la cámara transmutando ya para advertir temas de regulación y política pública enfocado ahora a ecosistema digital como inteligencia artificial, cloud y otros componentes de red, más allá de lo que pudiera considerarse como “commodities” como ductos, tendidos aéreo o espectro?
—Estos temas de privacidad, ciberseguridad o ética en inteligencia artificial, entre muchos otros, son temas que ya hay que conocerlos y estudiarlos. Seguimos representando a ese ecosistema de base que también ya se ha diversificado, porque muchos de nuestros socios ya prestan esos servicios y desarrollan aplicaciones. Son operadores que se han venido diversificando hacia otras capas para hacer un diferenciador de servicio.
Nosotros, entonces, no podemos ser ajenos a ellos. Tenemos que estudiar el nuevo ambiente y proponer al respecto de este nuevo entorno complejísimo, como muestra pensar en un balance entre privacidad y ciberseguridad; hasta dónde prevalece una y la otra.
Tenemos que discutir esto en el entendido clarísimo de que las redes de telecomunicaciones son la base de toda esa digitalización. Si no hubiera esas redes, no habría esa digitalización y por tanto no habría esta discusión.
Unos ejemplos, durante la lamentable pandemia unos cuarenta millones de personas abrieron una cuenta bancaria en Latinoamérica, son personas que tenían un acceso necesario para abrir un cuenta desde su refugio y que implica temas muy distintos en protección de datos, sistema financiero, etc. Es un ejemplo de que esta industria nos ha acompañado con su ecosistema, pero la discusión ahora se vuelve más importante, profunda y expansiva, porque ya roza temas como derechos humanos y libertades y pronto tendremos que tocar el tema de una nueva generación normativa, una regulación de servicios digitales, dirigida no sólo a telecomunicaciones y tecnologías de la información, sino muy transversal hacia otros sectores.
—Hay constituciones políticas de los estados nacionales, como es el caso de México, donde el acceso a Internet es un derecho humano consagrado. ¿No le emociona que para que ese logro fuera una realidad se valorara en su momento las posiciones de organismos como ASIET?
—Considerar el acceso a Internet un derecho en las constituciones de los países es un tema de un derecho humano de nueva generación. Ya se logró ello. Lo importante hoy es compatibilizar; hacer efectivo ese derecho humano y eso significa un ajuste de cambios en normativas de carácter legal o regulatorio que permitan realmente que las personas puedan tener acceso a ese derecho.
El derecho al agua potable nadie lo pone en duda. Se pone la infraestructura, así haya que romper calles o generar incomodidades. Ahora que eso se traduzca en otras normativas coherentes para que el acceso Internet llegue todas las poblaciones, pues no es compatible seguir complicando el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones puesto que es un derecho el acceso.
El tema el espectro en México no es consistente con el derecho humano (90% de los abonos son por pagos anuales de derechos). Con un espectro más asequible pudiéramos hacer más amplias las redes, más accesibles los servicios. Hacer algo en México como en Brasil, donde al contrario, el 90% de los ingresos que se obtuvieron por el concurso de espectro se dirigió mejor a llevar cobertura a escuelas, carreteras y poblaciones rurales. Eso no es otra cosa que hacer efectivo ese derecho.
El derecho humano debe ser garantizado por el gobierno; procurar que se haga efectivo ese derecho, pero en este momento en México el costo del espectro no está siendo compatible con el derecho humano del acceso a Internet.
