2018-10-25
Tengo el privilegio de encontrarme constantemente con personas que son consideradas como expertos en todo lo relacionado al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La experiencia de la gran mayoría de ellos se mide en décadas, análisis publicados y el inevitable fervor de presenciar como su terruño original no termina de acomodarse en el camino correcto hacia la llamada transformación digital.
La procedencia de estos expertos es variada, muchísimos de ellos tienen títulos de economía y política pública, otros con diplomas más técnicos del mundo de las ingenierías. Los menos provienen de un trasfondo de humanidades y ciencias sociales que les permite mirar con prima distinto muchas de las recurrentes problemáticas de la región.
Las conversaciones siempre tratan de temas relacionados con la actualidad del sector de telecomunicaciones y las diferencias que se observan en los distintos países de América Latina y el Caribe. No en pocas ocasiones nos asombramos por decisiones de tono fantástico tomadas en latitudes donde la leyenda nos dice que los errores son prohibidos y toda regulación ronda los laureles de la perfección.
De esta forma, podemos ir verificando notas y corroborar sospechas relacionadas con futuras medidas punitivas que responden a un problema político local que sólo se resuelve con dinero. Fondos que tienen que ser entregados por el sector de telecomunicaciones por el simple honor de estar autorizados para ofrecer servicios en tal o cual jurisdicción. La certeza regulatoria es un mito en estas conversaciones que son más comunes de lo que podría pensar la mayoría de las personas.
La charla con los especialistas tiene más de curso de politología que de tecnología. Se llega a conocer detalles fascinantes como el ubicar una antena móvil dedicada para un expresidente para evitar que éste llamase al congreso para que multen al operador que tiene la bendición de tenerlo como cliente. En más de una ocasión, nos topamos con representantes de gobierno que coinciden en que la forma de actuar que más beneficia a los usuarios y fomenta el crecimiento del sector es diferente a la mandada por el gobierno central. La experiencia me dice que llegado a este punto ya es muy poco lo que se puede lograr. De todas formas, habrá quienes pataleen, lloren, amenacen y luego, lentamente, muy lentamente, acepten que la realidad no siempre va preñada de sentido común.
Un dato que considero increíble es que no importa la nacionalidad ni la especialidad del llamado cerebro de las telecomunicaciones con quien hable, tarde o temprano, la conversación termina en la identificación de los mismos obstáculos de siempre: analfabetismo, corrupción, pobreza, infraestructura precaria, mala distribución de la pobreza, violencia y criminalidad. No importa el orden, estos elementos siempre surgen como grandes impedimentos para la eventual modernización de los países. Son el demonio que nadie menciona por temor a ser atacado y que aparentemente es demasiado difícil de exorcizar.
Individuos brillantes, comprometidos con el bienestar de su país y de la región tenemos muchos en América Latina y el Caribe, pero hasta ahora no son suficientes. Esto tampoco es una novedad, llevamos décadas tratando de que la sociedad civil utilice las nuevas tecnologías para incrementar su presencia y presión sobre los gobernantes. Afortunadamente, algunas batallas han sido ganadas, desgraciadamente muchas más han sido perdidas.
Luego de la conversación siempre queda cierto nivel de esperanza, un deseo de que muchas de estas mudas realidades vayan erosionándose, según la innovación que muestra cada día su papel esencial en el desarrollo de los países, comunidades locales e individuos. Seguimos esperando ese momento de colaboración entre todos los sectores del mercado para crear una agenda que beneficie a todos, principalmente a los más pobres.
