La cobertura social de servicios de telecomunicaciones, particularmente de banda ancha, está por sufrir un revés significativo.
Resulta que el fideicomiso 2058, mejor conocido como e-México, le ha sido arrebatado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin importar los efectos colaterales que esto implica.
El gobierno, que no se cansa de repetir que se preocupa por los más necesitados, está a punto de dejar a ‘su pueblo’ sin las únicas redes que hoy les permiten acceder a internet y reducir la brecha digital.
México lleva más de 20 años construyendo redes satelitales que permitan conectar a la población que habita en comunidades rurales donde no llegan los proveedores de servicios terrestres.
Pero las secretarías de Hacienda, que capitanea Arturo Herrera, y de Comunicaciones, que comanda Javier Jiménez Espriú, están a punto de desconectar a esa población y condenarlas al aislamiento.
Esta medida afectará a más de 12 millones de mexicanos en más de 12 mil poblaciones que utilizan los servicios en escuelas, oficinas y centros de salud, rubro este último colapsado por la pandemia del Covid-19.
El golpe a la conectividad satelital rural se viene orquestando hace más de 18 meses desde la Subsecretaria de Comunicaciones y la Coordinación de la Sociedad de la Información.
Las instancias que dirigen respectivamente Salma Jalife y Luis Fernando López, son las responsables de tal situación, al igual que Telecomunicaciones de México, que maneja Sergio Viñals.
Simplemente han dejado de pagar a sus proveedores de servicios de conectividad satelital, al grado de complicar su solvencia económica, poniendo en riesgo miles de empleos formales.
Al igual que en Pemex, los funcionarios de la 4T a cargo de este programa no pagan, y mandaron decir a proveedores que a partir del pasado 1 de julio suspendan temporalmente el servicio.
Entre la falta de pago y la suspensión del servicio se afectarán a más de 350 familias que trabajan en empresas que daban servicio a Telecomm, mismas que en año y medio no han podido cobrar un solo peso.
Eliminar las redes de conectividad satelital que sirven a las poblaciones de menos de 5 mil habitantes va contra la narrativa de la política social de Andrés Manuel López Obrador.
Además, representa una violación al Estado de derecho de los operadores, que seguramente harán valer sus derechos a través de costosos litigios en aras de cobrar lo que se les adeuda.
