El IFT, que preside Gabriel Contreras, dio a conocer la lista de las empresas y personas físicas que presentaron las ofertas más altas en la licitación de frecuencias de radio FM y AM que resultó todo un éxito, porque se ofrecieron mil 445.8 mdp por 147 frecuencias de FM y 133 mp por 31 de AM.
No se habla aún de ganadores porque el acta de fallo se emitirá hasta el 22 de marzo por el Pleno del IFT, y los nombres de los empresarios que encabezan las empresas ganadoras se dará a conocer hasta que se dé por concluido el proceso.
El pago de las concesiones y la entrega de los títulos de concesión se realizará del 26 al 28 de junio, y si algún ganador no cumpliera con el pago, perdería la garantía de seriedad, como sucedió con Francisco Aguirre, de Radio Centro, quien no cumplió con el pago de los tres mil 58 mdp que ofreció por la segunda cadena de TV abierta.
Por cierto que Radio Centro envió un comunicado a la BMV en la que se autoproclamó ganador de cinco frecuencias de FM en Campeche, Cancún, Chetumal y dos en Acapulco, el cual envió a la BMV antes de que el IFT diera a conocer la lista de participantes, cuando formalmente aún no es ganador y sin informar a los accionistas el monto que ofreció por estas cinco frecuencias.
El problema es que Radio Centro estaba obligado a guardar absoluta confidencialidad sobre información relacionado directa o indirectamente con el proceso de licitación, por lo que técnicamente podría ser sujeto a una descalificación.
Sin embargo, Alejandro Navarrete, director de Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT descartó que pudiera ser descalificado por su comunicado a la BMV y, desde luego, si —como sucedió con la segunda cadena de TV abierta— no cumpliera con su pago, perdería su garantía de seriedad.
ODEBRECHT: DECLARACIÓN DE BRASILIA
Raúl Cervantes, titular del PGR, firmó, junto con sus contrapartes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, la Declaración de Brasilia sobre Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción.
Los procuradores se comprometieron a una amplia y eficaz cooperación jurídica en los casos Odebrecht y Lava Jat, con equipos de investigación bilaterales o trilaterales.
En el caso de México, Pemex, que dirige José Antonio González, presentó ya ante la PGR denuncias contra quien resulte responsable por el pago de sobornos de Odebrecht y se espera que se actúe muy pronto contra los funcionarios involucrados.
COFECE, CONTROVERSIA VS. COAHUILA
El premio limón agrio de la semana es para Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, por las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, que se aprobaron el pasado 24 de enero y que, en opinión de la Cofece, vulneran los principios de libre concurrencia y competencia al restringir la oferta de estaciones de servicio para la venta de gasolinas.
Desde octubre de 2015, la Cofece recomendó a Moreira que no publicara la reforma y, ante su negativa, ahora solicitó al gobierno federal que interponga un recurso constitucional en contra de estas reformas que, desde luego, ponen en jaque el proceso de apertura de nuevos competidores y la liberalización de precios de gasolinas en Coahuila.
La Cofece exhorta también a los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz a que modifiquen sus regulaciones, que también imponen barreras a la libre competencia en el expendio de combustibles.
CCE: MAYOR AUSTERIDAD EN GOBIERNOS
El premio Naranja Dulce es para Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, por el gran poder de convocatoria que demostró en la celebración de los 40 años del CCE y porque, ante el presidente Peña Nieto y 15 gobernadores presentes, demandó que en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, se realice un verdadero esfuerzo para reducir el gasto público.
Señaló que desde 2009, a pesar de los recortes presupuestales, los gobiernos gastan cada vez más recursos, por lo que es indispensable que se gaste bien. Los empresarios, dijo al anunciar un compromiso de inversión de 3.5 billones de pesos, estamos decididos a contribuir con el pago de impuestos a un país más justo y equitativo, pero la tarea de administrar eficientemente los recursos recae exclusivamente en el sector público.
