vía El Heraldo.
Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para garantizar los Derechos de las Audiencias se realizaron sin consultar a grupos involucrados.
Como es público, en próximos días se discutirá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las acciones de inconstitucionalidad A.I. 150/2017 y A.I. 153/2017 que refieren a una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que involucra los Derechos de las Audiencias.
Esto a la luz que el proceso legislativo no cumplió con las etapas establecidas en el artículo 72 Constitucional y el Reglamento de la Cámara de Senadores, impidiendo que se conociera con tiempo suficiente el proyecto de reforma, y se abriera un debate con las distintas fuerzas políticas.
Tampoco hubo consultas a diversos sectores de la población que pudieran verse afectados por la iniciativa de reforma de marras, entre ellos, y principalmente, a las personas con discapacidad o bien los concesionarios de radiodifusoras de pueblos indígenas.
Y bueno, otro sector que no fue escuchado, y que es a quien fue dirigida la reforma, fueron los concesionarios, es decir los medios de comunicación masiva que tienen derecho a participar en la discusión de las leyes que les afectan, especialmente, en lo relativo a las limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, pues toda reforma debe ineludiblemente cuidar no restringir garantías individuales, sin afectar los derechos de las audiencias.
En ese contexto, todo indicaría que la SCJN, que tiene como ministro presidente a Arturo Saldivar Lelo de Larrea, debiera declarar la inconstitucionalidad de la reforma de 2017 para restablecer el proceso, y como consecuencia abrir en el Congreso un debate abierto donde participen por supuesto las minorías parlamentarias.
Queda claro que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad daría la oportunidad de escuchar a los concesionarios de radiodifusión públicos, comerciales y sociales en cuanto a los derechos que les asisten y quienes, finalmente, son los que aplican las reglas establecidas en la ley en materia de derechos de las audiencias, y por supuesto realizan las inversiones para ampliar la difusión de sus contenidos.
Está en manos de los ministros restablecer un proceso donde es necesario escuchar todas las opiniones y no dejar espacios a la censura y mucho menos para un control autoritario de los medios en nuestra vulnerable democracia.
LA RUTA DEL DINERO
Nada, que el dato de inflación de 8.62 por ciento correspondiente a la primera quince de agosto cayó como balde de agua helada en Palacio Nacional. Y es que el rubro que sigue con fuerte ascenso corresponde a los alimentos, con crecimientos de doble dígito, alto que pone en entredicho la efectividad del PACIC. El tema es que con una inflación en ascenso, los efectos positivos que tuvieron en su momento el alza al salario mínimo y los apoyos sociales comienzan a borrarse.
POR ROGELIO VARELA
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