2020.10.09
Vía El Economista
Andrés Manuel López Obrador proyecta una docena de obras de infraestructura para comunicar al país y mejorar su competitividad. Entre trenes, aeropuertos y refinerías, el gobierno propuso 5,345 millones de pesos para cinco obras ya en construcción, diez veces más que el todo el recaudo que generaría en su pico máximo la explotación de bandas radioeléctricas.
La Secretaría de Hacienda promueve una serie de incrementos a doble dígito para los pagos anuales de derechos por la explotación de bandas radioeléctricas que utilizan las compañías de telefonía e Internet móviles en la prestación de sus servicios al consumidor. La propuesta eleva en más de 48% los actuales gravámenes por usar frecuencias de espectro en México y será votada en el Congreso antes del 15 de noviembre, para después, en su caso, integrarse en la Ley Federal de Derechos (LFD) que estará vigente en el ejercicio fiscal del año 2021.
Desde la industria de las telecomunicaciones móviles, la principal afectada por aquella iniciativa de Hacienda, califican estos incrementos como inhibidores de la inversión en el mantenimiento de redes que tienen a las bandas de 800 y 850 MHz como insumo esencial, y como un freno también para la próxima construcción de redes de quinta generación (5G) que se soportarán en las bandas de 600 MHz y de 3.5 GHz. El mismo regulador sectorial aceptó la semana pasada que los nuevos cobros desatarían otra ola de devoluciones de espectro por su encarecimiento o que podrían repercutir en aumentos de tarifas al usuario, cuando los precios al consumidor ya han caído 47% en cinco años.
Además de otras afectaciones a la competencia en ese mercado, pues los incrementos propiciarían la aparición de barreras de entradas ante la imposibilidad de que muchos operadores puedan comprar bandas sin afectar su rentabilidad en el tiempo, la industria presume que el gobierno mexicano ve en este sector un abrevadero de recursos para financiar sus proyectos sociales y de infraestructura.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene apostada en media docena de proyectos su visión sexenal de infraestructura: La refinería de Dos Bocas en Tabasco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Tren Maya para el Sureste, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para unir el Pacífico con el Golfo; el Tren Toluca y más recientemente se sumaron el Tren México-Querétaro, el Tren Tecate-Tijuana y un aeropuerto para la Riviera Maya que se ubicaría en Tulum. En el mejor de los escenarios, todos esos proyectos serían una realidad antes del 2024.
López Obrador, sin contabilizar los recursos que ya dirigió a varios de esos proyectos en los ejercicios de 2019 y 2020, alista 114,357 millones de pesos —5,345 millones de dólares— para continuar en el 2021 con cinco de esos proyectos que ya tienen obra iniciada. La inversión se elevaría a 173,468 millones de pesos en la sumatoria de lo requerido para las demás infraestructuras y si el Legislativo palomea los presupuestos del presidente para el próximo año.
Difícilmente, los recursos venidos por recaudo de la explotación de bandas radioeléctricas financiarán los proyectos de infraestructura del gobierno mexicano.
Para ello, todo el espectro disponible para servicios IMT (telefonía-otros servicios inalámbricos) tendría que estar en explotación por los operadores, pero en el mercado no ocurre ello; esto, porque la dinámica de aumentos en los precios por uso de bandas que ya viene de gobiernos anteriores y las eficiencias tecnológicas, ha derivado en que dos operadores, AT&T y Telefónica, hayan retornado diversos paquetes de frecuencias en distintas bandas desde hace más de un año y esta devolución continua ahora mismo.
Al mes de agosto del 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene contabilizados un total de 700 Megahertz de frecuencias acumuladas y disponibles para explotarse en telefonía e Internet. Todas estas señales están repartidas entre las bandas de 700, 800 y 850 MHz, y de 1.7/2.1, 1.9, 2.5 y 3.5 Gigahercios. Aparte, se estima que por la banda de los 700 MHz, el concesionario Altán Redes realiza pagos de derechos equivalentes al 10% de los pagos que hacen el resto de operadores por explotar otras bandas.
Salvo las concesiones por banda de los 700 MHz —adjudicadas a un proyecto público-privado— el gobierno mexicano recaudaría 526.81 millones de dólares por pagos anuales de derechos en el año 2021, eso en el caso de que todas las bandas estuviesen siendo explotadas y si el Congreso pasa en noviembre la propuesta de la Secretaría de Hacienda.
En el mejor de todos los escenarios, que toda las bandas estuviesen explotándose, el recaudo por espectro equivaldría al 9.84% de la inversión proyectada por López Obrador en 2021 a cinco de sus obras de infraestructura ya en construcción. Entonces, los impuestos a telecomunicaciones, no subsidiarán las obras de infraestructura de este gobierno; al menos, no en buena parte.
Medido en pesos y con las nuevas tasas propuestas por Hacienda a los diputados, el gobierno levantaría 11,205 millones de pesos por pagos anuales de derechos en 2021. La cifra equivaldría al 24.87% de lo que el gobierno proyecta para la refinería de Dos Bocas el año próximo; al 52.56% del presupuesto previsto para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la capital (AIFA) y al 30.87% de lo que se invertiría en el Tren Maya, también en 2021; los tres, los proyectos en los que más se interesa López Obrador.
La industria móvil ya está presionada en sus inversiones e ingresos por los efectos de la pandemia de Covid-19, el origen de plataformas de contenidos que se llevan el valor agregado que generan las telecomunicaciones y aparte, ya pagan altos impuestos en México desde que hace dos sexenios se establecieron nuevos gravámenes, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a telecomunicaciones. Y en el actual sexenio, el gobierno tampoco ha quedado bien con la industria, pues ha suprimido la Subsecretaría de Comunicaciones y no está clara su política de conectividad para llevar Internet a los alrededor de 34 millones de mexicanos que no tienen un acceso regular a la red.
Como ejemplo, cálculos del IFT dicen que Hacienda incrementó en 48% los pagos de derechos por las bandas de 800 y 850 MHz. El operador más afectado aquí sería AT&T, debido a que, hasta agosto pasado, era la telefónica con el mayor número de frecuencias en esas bandas: tenía el 28% en el espectro de los 850 MHz y el 100% de las frecuencias disponibles en ese mes en la banda de 800 MHz. Telefónica poseía el 21.46% de ese espectro y Telcel tenía en los 850 MHz, el 49.73% de la banda y nada en 800 MHz. El IFT cree que sólo Telcel soportaría los nuevos cobros por pagos de derechos, por su volumen de ingresos y usuarios.
El IFT también contó que Hacienda incrementó en 186% su propuesta de pago de derechos por usar las bandas de 600 MHz, 1.5 GHz, 3.3 y 3.5 GHz. Telcel tiene el 66.67% de la banda de 3.5 GHz y AT&T, el 33.33% disponible a agosto de 2020.
Aun con ese diagnóstico, para que los impuestos generados por telecomunicaciones logren apuntalar los proyectos de infraestructura de López Obrador, el regulador tendría que lograr la asignación de todo el espectro entre los operadores móviles y tendría que lograrlo durante el año 2021, para que los operadores que se interesen y obtengan una concesión comiencen a pagar los derechos anuales a partir del año 2022, cuando se prevé que, en el papel, el Aeropuerto Felipe Ángeles para la CDMX ya esté concluido en su primera etapa.