A través del editorial del semanario Desde la Fe, la jerarquía católica aseguró que la reforma estructural en telecomunicaciones “ha suscitado dudas en lo que parece ser un ataque a la libertad de expresión, no sólo por la forma en la que se ofreció a los mexicanos: se prometió bajar precios; sin embargo, los objetivos de democratización parecen haber quedado sólo en buenos propósitos”.
Los cambios generaron más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias, dijo.
“De su lectura, y según la opinión de especialistas en materia de telecomunicaciones, los lineamientos son inequitativos cuando no se dan medios legales de defensa, convirtiendo un acuerdo administrativo en instrumento de acoso y presión para los informadores y medios. El resultado es un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con facultades casi inquisitoriales, lo que obliga a distinguir entre opinión e información lo que deriva en fiscalizaciones informativas que coartan la libertad de expresión”.
El pleno del IFT aprobó el 29 de noviembre del año pasado los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, que se publicaron el 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Según el presidente del organismo, estas reglas, que entran en vigor el próximo 16 de febrero, no generan censura ni afectan la libertad de expresión. El representante del IFT dijo que desde 2014 la ley prevé la obligación de los concesionarios de diferenciar la información de la opinión.
