2021.02.24
Vía El Economista
México cuenta con dos órganos autónomos dedicados a tutelar por el desarrollo de la competencia, Cofece e IFT. El segundo tiene, además, la encomienda de regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.
Previo a la reforma constitucional de 2013, los Comisionados de los anteriores organismos eran designados directamente por el Ejecutivo. Los requisitos que debían cumplir los designados eran bastante generales y no eran difíciles de cumplir. La discrecionalidad en la designación abría la posibilidad de seleccionar profesionistas con perfil político, o carentes de conocimiento técnico. El sistema cerraba las puertas a quienes, teniendo una formación técnica y una trayectoria profesional, carecían de relaciones políticas.
La reforma de 2013 constituyó un hito, pues estableció un sistema de selección que privilegia la preparación técnica. Actualmente, quienes aspiran al puesto de Comisionada o Comisionado deben demostrar experiencia en los temas relevantes, formación técnica solvente en el ámbito legal, económico e incluso de ingeniería, esto último en el caso del IFT.
El proceso de selección incluye la creación de un comité evaluador, en el que participan Inegi y Banxico, que emite una convocatoria a todos los interesados que entregan la documentación necesaria para acreditar edad, experiencia, conocimiento y credenciales académicas. Adicionalmente los interesados deben estar desvinculados de grupos económicos, para evitar conflicto de interés y deben demostrar ser ciudadanos responsables del pago de sus contribuciones fiscales y un buen historial crediticio.
Aquellos que superan el primer filtro de los requisitos participan en un examen de evaluación de conocimientos. El examen es elaborado anónimamente por académicos pertenecientes a varias de las universidades más importantes del país y requiere del conocimiento de distintas vertientes del derecho, incluyendo temas de competencia, procedimiento, constitucionalidad, amparo y derechos humanos. Asimismo, es necesario tener una robusta formación económica y el conocimiento de aspectos técnicos y tecnológicos del ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El Comité de Evaluación aplica diversas medidas de seguridad que hacen extremadamente difícil el cometer fraude. El Comité califica y envía las 5 evaluaciones más altas al Ejecutivo federal, quien designa a una candidata o candidato y la designación es sometida a ratificación del Senado.
El complemento a este procedimiento de selección es un sistema de controles que significa que quienes son designados están sujetos a evaluación y rendición de cuentas, además de que deben manifestar situaciones de posible conflicto de interés. Los funcionarios pueden ser investigados, enjuiciados y destituidos. Por si fuera poco, al concluir su encargo están sujetos a severas restricciones laborales. Esta es la compleja ruta que deben recorrer quienes conforman los órganos de gobierno del IFT o Cofece.
En días pasados, dos aspirantes a Comisionadas del IFT comparecieron ante comisiones de Senado y fueron rechazadas, por no ser consideradas idóneas para el encargo. La situación pone de manifiesto que los criterios de evaluación técnica no son compatibles con los criterios de evaluación de tipo político. Existe una clara contradicción, pues el objetivo de la reforma de 2013 fue permitir la selección de los mejores perfiles técnicos, para evitar la intromisión de posturas políticas y de grupos económicos de interés, con el fin de aplicar la política de competencia y la regulación de manera imparcial.
Ahora el Ejecutivo deberá enviar una nueva propuesta. Afortunadamente la designación debe recaer en alguna otra candidata que haya aprobado las evaluaciones. Entre las profesionistas que aprobaron los exámenes, existe suficiente talento y capacidad para garantizar el buen desempeño en el cargo. Sin embargo, la decisión del Senado debilita el sistema de selección, porque aplicó un rasero distinto al empleado en otras designaciones en que no se ha cuidado seleccionar perfiles que cumplan requisitos de experiencia y conocimiento mínimo. La decisión también es desafortunada porque se distorsionan los incentivos a participar en los procedimientos de selección y dificultará atraer a los mejores profesionistas.
