2020.10.02
Vía El Economista
En los tres últimos días se registraron acciones que dejan claro que México está viviendo un sistema de presidencialismo absoluto.
Con dos temas distintos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo cedieron ante la presión del Poder Ejecutivo.
La Corte con seis votos a favor y cinco en contra declaró constitucional la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes, aunque reformularon la pregunta original.
En paralelo, la Cámara de Diputados, avanzó en el cumplimiento de la instrucción presidencial para extinguir 109 fideicomisos y tomar sus presupuestos que suman alrededor de 60,000 millones de pesos, para concentrarlos en la Tesorería de la Federación.
Sin embargo, en un final inesperado, anoche se reventó la sesión por falta de quórum y se canceló la extinción de fideicomisos en la Cámara de Diputados.
Con todo, ambas acciones, dejan claro el poder que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para decirlo sin ambages, se impuso a los otros dos Poderes de la Unión que debieran ser su contrapeso.
Además de las consecuencias políticas y legales, ambos temas tendrán repercusiones económicas.
Las consultas populares han sido muy eficaces para los propósitos de gobierno del Jefe del Ejecutivo.
Lo han sido desde que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Y como Presidente de México, le han permitido llevar adelante decisiones extremas como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que ha representado una pérdida multimillonaria para las finanzas públicas.
Luego utilizó la consulta ciudadana para echar atrás la construcción de la planta cervecera de Constallation Brands.
Ambas han tenido un impacto negativo directo no sólo en el comportamiento de los mercados.
También se ha visto reflejado en la confianza empresarial y en el nivel de inversión fija bruta.
Adicionalmente, la organización y realización de las consultas nos han costado a todos los mexicanos porque se pagan con nuestros impuestos.
Y la consulta que ayer 1 de octubre, declaró constitucional la Corte, será la más cara de todas. Costará 8,000 millones de pesos de acuerdo con cálculos del INE que encabeza Lorenzo Córdova. Será un costo similar al que tienen las elecciones intermedias.
La intención de extinguir los fideicomisos, además de deja claro que el gobierno ya se acabó todos los “guardaditos” que heredó de los gobiernos neoliberales, hubiera impactado directamente a sectores relevantes como la ciencia e investigación, la academia el cine y la atención de los desastres naturales, además del fondo para riesgos catastróficos de la población más débil económicamente.
Y lo más preocupante es que el Jefe del Ejecutivo hubiera decidido a qué se destinan y lo habría hecho sin que nadie lo supervise; la distribución de los recursos sería discrecional y opaca; y en el extremo hubieran podido ser utilizados con propósitos políticos.
Han sido días y horas en las que el presidencialismo se acendró.
Y la buena noticia es que la oposición en Cámara de Diputados, evitó, en la unión, el sablazo a los fideicomisos.
Atisbos
ASUNCIÓN Y PALO.- Justo ayer 1 de octubre, cuando entró en vigor el Etiquetado Frontal de Advertencia dos empresas transnacionales registraron su asunción y palo jurídico.
La conocida marca de refrescos Coca-Cola anunció que ya está aplicando el nuevo Etiquetado Frontal de Advertencia.
Por otra parte a la empresa Hershey´s le dieron palo.
Le negaron el amparo que interpuso para aplazar la entrada en vigor del Etiquetado Frontal de Advertencia.
El décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa declaró infundada la solicitud de la empresa, de una prórroga para colocar el Etiquetado Frontal de Advertencia.
En consecuencia rechazó concederle la suspensión definitiva.
Previamente, la jueza federal Blanca Lobo Domínguez, titular del juzgado décimo segundo de distrito de amparo en materia administrativa había rechazado otorgar la suspensión provisional solicitada por la empresa en julio pasado.