Maricarmen Cortés | Dinero En Imagen | 29 Marzo 2016
Finalmente, la CNBV, que preside Jaime González Aguadé, multó a OHL México y sus subsidiarias Concesionaria Mexiquense (Conmex) y Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), así como a seis de su más altos directivos por 71.9 millones de pesos, que es la multa más alta que ha impuesto la CNBV a una emisora por violaciones a la Ley del Mercado.
De esta multa total 24.6 millones son para OHL México; 18.3 mp para Conmex: 18.3 mp para OPI y 10.2 millones para los seis funcionarios sancionados encabezados por Sergio Hidalgo, director general de OHL México.
Ahora sí OHL informó muy temprano a la BMV de estas sanciones, aunque lo hizo muy a su estilo tratando de minimizar el impacto negativo de estas multas, asegurando que no se determinó la existencia de dolo o fraude en el actuar de las emisoras, ni impacto “en el sistema financiero mexicano o a terceros” ni tampoco difundió el nombre de los directivos sancionados.
Sin embargo, la CNBV claramente señala que aplicó las sanciones por información errónea y en concreto con el registro contable de la rentabilidad garantizada. Además de las sanciones, la CNBV obliga a OHL y subsidiarias a que informen, en una nota con estados financieros proforma, el impacto que tendrá en sus registros de la inversión en concesiones exclusivamente como un activo intangible.
OHL había asegurado desde que inició la divulgación de grabaciones ilegales sobre actos de corrupción en la empresa, que no tenía ningún problema en su contabilidad porque utilizaba estándares internacionales. Sin embargo, ahora no tiene más remedio que aceptar que trabajará con sus asesores para presentarle a la CNBV una propuesta de cómo se realizará el registro de la rentabilidad garantizada en sus concesiones.
Afirma también que no hubo ningún efecto en el flujo de efectivo, pero aún falta que se demuestre cuál será el impacto para los inversionistas una vez que se publiquen los nuevos estados financieros.
INFRAIBER, INCONFORME
La que no se quedó contenta con la sanción de la CNBV fue Infraiber, que desde hace dos años ha denunciado las anomalías contables en OHL, precisamente, por el falso activo registrado en el rubro de rentabilidad garantizada, que se incrementa cada año.
Infraiber asegura que, por este falso registro, OHL muestra una “utilidad inexistente e infla el monto de su capital contable”.
En su opinión, la histórica multa por 71.9 millones de pesos es insuficiente y asegura que requerirá la notificación a OHL y sus subsidiarias, y requiere a la CNBV la divulgación de la investigación realizada y los oficios entregados.
BORJÓN AL RESCATE DE RED COMPARTIDA
Fernando Borjón tomó ayer ya protesta como nuevo director general de Promtel, el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones. Borjón, quien hasta el pasado 28 de febrero fue comisionado del IFT, vendrá al rescate de la red compartida que tuvo ya un primer e importante tropezón porque se retrasó un mes la licitación.
Promtel, que fue creado apenas el pasado 11 de marzo por Decreto Presidencial, es un organismo descentralizado coordinado por la SCT y su objetivo, pese a su rimbombante nombre, es realmente garantizar el aterrizaje de la red compartida, que es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Enrique Peña Nieto porque busca dotar de internet y servicios de Wi Fi a toda la población.
Lo que llama la atención es que Borjón, quien tiene una amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones, estuvo desempleado sólo 20 días, mientras que los suspirantes a sucederlo como comisionado en el IFT siguen en stand by porque el presidente Enrique Peña Nieto aún no envía al Senado su propuesta para los nuevos comisionados del IFT y de la Cofece.
COFECE, DAÑO A CONSUMIDORES POR 107 MILLONES DE PESOS
Por cierto, la Cofece divulgó un análisis Ex Post para medir los efectos causados por una colusión en el mercado de pollo de la Ciudad de México, por la que fueron ya sancionados en octubre de 2013: Bachoco, Pilgrim’s, San Antonio, Tyson y Pollo de Querétaro, y la Unión Nacional de Avicultores, con 132 millones de pesos. La Cofece estimó en 107 millones el daño a los consumidores porque no tuvieron acceso a precios más bajos por la práctica monopólica absoluta.