vía Consumo TIC.
Concentración de mercado y espectro caro, una mala combinación.
Ante los desafíos que plantea elevar la inclusión digital en el mercado mexicano, es fundamental “pensar fuera de la caja”, observar el potencial de mecanismos como la compartición de infraestructura, atender la excesiva concentración que existe en el mercado móvil y hablar de la “llaga” que representa la simulación en el cumplimiento de la ley.
Para Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica México, uno de los grandes problemas que sigue enfrentando el sector de las telecomunicaciones y que se coloca como un grave obstáculo para el cierre de la brecha digital, es la falta de competencia, con especial énfasis en el mercado móvil.
“Estamos hablando de un mercado donde podemos ver niveles de concentración medidos a través de ingresos de casi 5 mil puntos. La cancha no está pareja y en ese sentido, tenemos que analizar cómo vamos a aumentar la conectividad. Basado en estos hechos, no podemos seguir pensando en soluciones de hace 20 años”.
Hace décadas, explicó, se veía como un modelo cotidiano que cada operador tuviera sus propias redes desplegadas y trabajara en evoluciones tecnológicas para servir a sus usuarios; hoy, eso ya no es un camino viable.
“Hay que pensar fuera de la caja, en soluciones diversas. Para nosotros, una de las cosas donde más foco se tendría que estar poniendo es en la compartición de infraestructura pasiva y activa. En la pasiva es algo que ya se hace, tenemos ya empresas torreras que se dedican a poner esta infraestructura pero de la activa se habla poco”.
Por su parte, Daniel Ríos Villa, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México
coincidió en la necesidad de observar que la elevada concentración que registra el mercado móvil mexicano es una de las más grandes del mundo y que junto con los altos precios del espectro radioeléctrico forma una “combinación tremenda que hace que la cobertura se limite”.
Sin embargo, enfatizó que desde su perspectiva, el problema no tiene que ver con los procesos de licitación que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues el regulador hace un buen trabajo buscando los mejores mecanismos de asignación de espectro.
“El resultado de esos procesos se ve completamente eclipsado por un tema de derechos, representan el 80 por ciento, no hay ningún país del mundo donde el costo de los derechos sea de ese tamaño, es algo difícil de entender, hay una distorsión del mercado a raíz de esto”.
Ríos Villa dijo que el hecho de que en México, casi 15 por ciento de la población no tiene cobertura de redes móviles y la mayor parte de estas personas se encuentre en poblaciones con menos de 5 millones de habitantes, genera un reto grande sobre cómo se pueden combinar los recursos desde el punto de vista público y el privado.
“Hay estudios que sugieren que conectar a estos 19 millones de personas cuesta casi 18 veces más que conectar a los más de 89 millones de personas que ya están conectadas. Por ahí se dice que es un problema de tecnología, pero es más bien un problema de recursos, de inversión”.
En su oportunidad, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), expuso que la infraestructura de telecomunicaciones es un elemento clave para el sector, sin embargo, su desarrollo en el mercado mexicano se ve obstaculizado por la “llaga” que representa la constante simulación en el cumplimiento de la ley.
“La llaga está en que la ley dice algo y no se hace o se olvida. Por ejemplo, sabemos que tenemos un problema gravísimo de costos del espectro radioeléctrico, somos de los países donde es más caro. Mientras las empresas se descapitalicen pagándole al gobierno derechos, va a ser muy difícil que puedan ampliar la red para llegar a lugares a donde hoy no llegan”.
Al participar en el foro Conecta México, el especialista señaló que un ejemplo de simulación es cuando políticos y funcionarios públicos “hacen como que hacen”, pero cuando hay que “pisar callos” y enfrentarse a ciertas condiciones o actores, prefieren dar la vuelta o “echar rollo”.
En la reforma de 2013, recordó, la Constitución atribuyó expresamente la administración del espectro radioeléctrico al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero como por décadas se han pagado los derechos que fija la Secretaría de Hacienda y son aprobados por el Congreso de la Unión, se ha mantenido esa forma de operar.
Por otro lado, expuso, se encuentra la Ley General de Vías de Comunicación y algunos de sus artículos que expresamente señalan que estados y municipios no pueden establecer ningún tipo de carga o contribución para las redes públicas de telecomunicaciones.
“Esto dice la ley, pero en la práctica cada municipio hace lo que se le pega la gana, y no hay una controversia constitucional del IFT contra todos los municipios para que quede claro que no pueden establecer contraprestaciones a las empresas de telecomunicaciones”.
