Por José F. Otero
La semana pasada estuve compartiendo con profesionales de la industria privada y del gobierno de Chile. El tema principal de la charla era el avance que había hecho este país sudamericano en la oferta de servicios de banda ancha móvil al convertirse en el primero del hemisferio en utilizar 700 MHz APT junto a 2.6 GHz en Carrier Aggregation para ofrecer velocidades de hasta 250 Mbps con LTE Avanzado.
Mientras conversaba sobre este tema con periodistas chilenos surgió una muy buena e interesante pregunta: ¿acaso la primera red de LTE Avanzado de América Latina no es la de AT&T en Puerto Rico? Aquí no queda más que comenzar a explicar de forma sencilla una relación discordante, compleja y llena de interpretaciones adversas: la de Estados Unidos con Puerto Rico.
Mi respuesta fue la siguiente: aunque Puerto Rico es una nación latinoamericana con una historia vibrante muy atada a la de otros países de la región como Cuba y República Dominicana en una primera instancia, en lo que respecta al sector de telecomunicaciones estamos hablando de una extensión del territorio de jurisdicción del ente regulador estadounidense: la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como FCC por su sigla en inglés.
En otras palabras, Puerto Rico tiene que responder a medidas hechas para los 50 estados de la unión y cumplir con cada una de las medidas que ha estipulado el ente regulador de Estados Unidos desde su creación en 1934. Lo que existe en Puerto Rico es una entidad local creada en 1996 que se llama Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), como consecuencia de la apertura total del mercado local de telecomunicaciones dictada por la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de Estados Unidos en 1996.
Las funciones principales del ente regulador de Puerto Rico es velar por quejas de los usuarios, asegurarse de que no haya comportamientos anticompetitivos inicialmente entre los jugadores del sector de telecomunicaciones y empresas de televisión por cable; la potestad limitada para legislar proveedores satelitales de televisión llegaría más tarde. Asimismo, sería el responsable local de proveer insumos a la FCC sobre la situación del mercado insular.
Todas las decisiones de la JRT pueden ser revertidas en cortes federales de Estados Unidos, por lo que sus decisiones siempre están supeditadas a un organismo superior. Esto no implica que, aún maniatada, esta agencia no haya hecho importantes sugerencias a la FCC en temas de inversión a la llegada de nuevos operadores como la hecha por su expresidente Miguel Reyes, que significó una inversión adicional de 1,000 millones de dólares en infraestructura por parte de un solo operador en un periodo de cinco años.
Otro ejemplo lo tenemos con la administración actual, que se ha atrevido a impulsar localmente programas de concientización sobre la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para el desarrollo de un país. Esta labor del presidente de la JRT, Javier Rúa, debe ser resaltada, felicitada y emulada. Sobre todo teniendo en cuenta que Puerto Rico es un país que atraviesa la peor crisis económica de su historia, y cualquier solución a la crisis actual tendrá que depender de la disponibilidad de tecnología de punta para ser exitosa.
Sin embargo, Puerto Rico al momento de impulsar tecnologías inalámbricas no concede licencias ni toma decisiones sobre espectro radioeléctrico. Tampoco tiene la isla la potestad de definir cuáles son las velocidades mínimas de transmisión de datos aceptables para que el servicio pueda denominarse banda ancha y en términos de inversión es muy poco lo que se invierte de dinero público para impulsar el crecimiento de las telecomunicaciones. Gran parte de lo que existe es financiado por la empresa privada o impulsado por la FCC.
La red LTE Avanzado de Chile surge desde sus inicios como iniciativas locales para un mercado local; la de Puerto Rico como extensión a una estrategia nacional estadounidense más amplia.
