El Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (IDET) se suma a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CANIETI), en su solicitud formal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para reconsiderar la derogación de la fracción XI, del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos contenida en la Iniciativa de Decreto sometida a consideración por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, en el marco de la discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017.
Para el IDET es notorio que la certeza jurídica que desde hace muchos años y hasta el día de hoy, brinda la Ley Federal de Derechos a los operadores de telecomunicaciones que buscan acceder a la red de postes, torres, ductos o registros del Estado Mexicano, ha contribuido de manera satisfactoria al despliegue de redes de telecomunicaciones, útiles para el ofrecimiento de mayores servicios a los usuarios finales.
El cambio propuesto por el Ejecutivo, altera el ambiente de certeza que hasta ahora existía, al involucrar la actuación de una nueva autoridad sin que exista claridad sobre los objetivos y criterios que guiarán su actuación, un aspecto que no ocurre hoy en día con la consistencia que ha venido reflejándose en la Ley Federal de Derechos.
Asimismo, el IDET considera que no pueden pasarse por alto los principales objetivos de la reforma constitucional de telecomunicaciones, dentro de los que se encuentra la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de la banda ancha e internet incluidos en la Carta Magna.
Por ello, para el IDET, una modificación al esquema o a los montos vigentes por el uso de los postes, torres o ductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puede generar un impacto negativo y significativo en el sector de telecomunicaciones en México.
Sin duda, inhibirá el despliegue de redes de telecomunicaciones por parte de nuevos operadores o el crecimiento de las redes de los operadores existentes. Asimismo, repercutirá en incrementos en los precios de los servicios de telecomunicaciones, como consecuencia de las nuevas tarifas por el uso de la infraestructura pública o, en su defecto, por los gastos en que tendrían que incurrir los operadores para duplicar infraestructura de manera innecesaria. Todo ello, sin duda, en perjuicio de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Asimismo, para el IDET no resulta de menor relevancia el hecho de que la modificación al PPEF 2017, atenta en contra de todos los operadores de telecomunicaciones que intentan competir en diversidad, precio y calidad con el agente económico preponderante en telecomunicaciones, quien continúa controlando alrededor del 70 por ciento del mercado y que no resultaría afectado por la reforma en comento, en virtud de la infraestructura de postería con la que cuenta en el territorio nacional, cuyos derechos de paso datan, en la mayor parte de los casos, desde el año 1990 cuando se privatizó la empresa. Sin duda, esto es contrario a la promoción de una competencia efectiva en el sector, ordenada en la reforma constitucional de telecomunicaciones.
