La reforma en telecomunicaciones vino a revolucionarlas al dar entrada a nuevos operadores e incrementar la cantidad y calidad de servicios. Sin embargo, cuando la reforma fue aprobada y promulgada (en el 2013) el sector tenía una importante asignatura pendiente con aproximadamente 700,000 pobladores de ocho municipios en el Estado de México.
Desde entonces los pobladores de estos municipios empezaron a ver un notorio deterioro en la calidad y cobertura de los servicios de telefonía móvil. El problema progresó gradualmente hasta que se extendió a los cerca de 3,500 kilómetros cuadrados que comprenden los municipios.
Ante la preocupante situación, los representantes de dichas poblaciones levantamos la mano. No contar con servicios de telecomunicaciones confiables y eficientes representa un lastre a nuestra competitividad y a la calidad de vida de nuestras familias. Las consecuencias se plasmaban en el día a día de mil formas distintas: desde el estudiante que no podía hacer las labores escolares hasta poner en riesgo servicios indispensables como los financieros y de salud. Nuestra primera llamada fue a la dependencia encargada de promover sistemas de comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, que es la Subsecretaría de Comunicaciones. La maestra Mónica Aspe escuchó las quejas de los vecinos y citó a los actores relevantes a una reunión.
En este encuentro participaron representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Estrategia Digital Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los presidentes municipales de las localidades afectadas y los tres principales operadores de telecomunicaciones del país: Telcel, Movistar y AT&T. El desarrollo de la reunión y lo que aconteció después de ella puede leerse como una microrrepresentación de la situación del sector de las telecomunicaciones antes y después de la reforma.
Uno a uno los partícipes fueron exponiendo su postura y aceptando compromisos y responsabilidades: la CFE ofreció proporcionar energía en las radiobases; la Profeco ofreció instalar módulos de atención, y la SCT solicitó a las autoridades locales no obstruir las inversiones en despliegue de infraestructura. Por último, hablaron las compañías de telecomunicaciones.
La reacción de las tres compañías fue la esperada en la situación actual: un operador argumentó que la regulación le impedía incrementar su base de clientes y no le era posible atender el problema; otro negaba cualquier interrupción a su servicio en el área afectada. Sólo el tercer operador, nuevo en el mercado, destinó un equipo técnico para desplegar las torres e infraestructura necesaria para normalizar el servicio en la zona. Gracias a la acción inmediata de este nuevo operador (AT&T) se instalaron 14 radiobases que en cuestión de semanas empezaron a radiar con señal de última generación a los municipios afectados.
Al ver el puntual seguimiento del nuevo operador, los otros operadores tomaron posturas similares y desplegaron esfuerzos para brindar mejor servicio a los municipios afectados. En otras palabras: el ejemplo de uno movió a los otros a la acción.
Apenas han pasado seis meses desde aquella primera reunión, pero los resultados ya se pueden ver. Y, lo que es más importante, se traducen en el bienestar de los habitantes.
Sin duda, de esta experiencia a nivel municipal se derivan importantes lecciones respecto al nuevo entorno de las telecomunicaciones en México: la competencia debe librarse a través de la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Los beneficiarios de ello son, siempre, los consumidores. Hace falta mucho trabajo en estos municipios y a nivel nacional para alcanzar un sector de telecomunicaciones verdaderamente competitivo, pero si lo que se ha visto en estos últimos seis meses es un preámbulo de lo que está por venir, el futuro de este sector y el éxito de la reforma van por muy buen camino.