2021.02.12
Vía Diario Libre
Uso de datos biométricos se expande en un campo poco regulado en RD; especialistas alertan sobre vigilar las posibles violaciones al derecho a la privacidad.
Las transformaciones tecnológicas ponen al servicio de la población una diversidad de sistemas informáticos útiles para automatizar y agilizar procesos administrativos y productivos, pero también son una amenaza a la privacidad de los ciudadanos, a los que exponen a delitos e incluso a daños físicos.
En República Dominicana, que se erige en la región como un país vanguardista en términos de telecomunicaciones y desarrollo tecnológico, viene tomando auge el uso de sistema de reconocimiento facial y de voz como mecanismo de acceso a servicios o como parte del sistema de registro y seguridad nacional. Sin embargo, escasean las regulaciones en torno al uso de los datos privados de los ciudadanos.
Actualmente, instituciones financieras piden a las personas identificarse con mensajes de voz. Una promoción de una telefónica apela a la supuesta ventaja de registrar el rostro del usuario para introducir al mercado su innovación de validación biométrica facial.
En medio de la pandemia del COVID-19, el Servicio Nacional de Salud informó de la puesta en funcionamiento de un moderno equipo de reconocimiento facial para mantener todos los controles de seguridad en la entrada y salida del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora. Indicaba la nota que, además de tomar la temperatura, “este moderno aparato reconocerá si la persona tiene o no mascarilla para poder pasar al centro de salud”.
Pero el uso de esa tecnología es de más amplio espectro. A mediados de 2020, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 informó que contaba con más de 4,000 cámaras instaladas en diferentes puntos del país, con lo que fortalecía su capacidad de detección de incidencias a través del monitoreo permanente.
Muchas de esas cámaras son de reconocimiento facial, que se utilizan en puntos estratégicos y, sin dar datos exactos de cantidad, el propio Gobierno dominicano ha señalado que parte de las cámaras fueron donadas por China.
En noviembre de 2019, el 9-1-1 salió a explicar que las cámaras de seguridad chinas eran una “generosa donación” al sistema de atención a emergencias y aseguró que esos equipos “han mejorado la seguridad de nuestras ciudades desde su implementación en 2014, gracias a la colaboración de varios socios”.
Con ello, daba respuestas a las quejas del senador estadounidense Marco Rubio quien, en días previos, había denunciado que el Gobierno dominicano tenía planes para instalar el programa chino Ciudad Segura que usa cámaras de reconocimiento facial y de lectura de placas de vehículos, y que el país asiático tendría acceso a los datos captados por esa vía. El Gobierno dominicano negó esa aseveración.
Ante la avalancha tecnológica, los dominicanos parecen desprovistos de defensas en un campo de batalla minado tanto por el control gubernamental que se escuda en la seguridad para usar a discrecionalidad los datos, como por redes delictivas que procuran sacar beneficios a partir de las informaciones.
La falta de regulación nacional fue expuesta durante los debates previo a la aprobación de la norma que regula la contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones, dictada por el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel) mediante la resolución 070-19.
La norma establece que al momento de contratar y previo a activar una tarjeta SIM o servicio de telefonía móvil, las prestadoras deben registrar y validar la identificación de los usuarios.
Dispone que los sistemas de validación de identidad en línea deberán ser previamente aprobados por el Director Ejecutivo del Indotel para su implementación, a fin de garantizar la seguridad de los mismos, y que las prestadoras deberán garantizar la protección de esos datos.
“Deben establecerse mecanismos técnicos y organizativos apropiados que garanticen la seguridad de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de la tecnología apropiada”.
La normativa también establece que, de conformidad con los procedimientos legales, las prestadoras de servicios de telefonía deberán poner a disposición de las agencias de seguridad e investigación del Estado (Policía Nacional, DNCD, Ministerio Público y Sistema 9-1-1) toda la información registrada, indicando el enlace e identificando el personal dedicado para fines de agilizar las investigaciones a la mayor brevedad posible, previa autorización judicial competente”.
Como parte del esquema de control que busca el Indotel, también se dictaminó que las prestadoras de servicios limitarán a ocho líneas telefónicas móviles la cantidad que cada persona puede tener. El usuario que desee activar un número mayor deberá acudir a solicitarlo de manera presencial a su prestadora y realizar el procedimiento de contratación y activación correspondiente conforme una reglamentación.
Sin embargo, previo a la aprobación de la normativa, la telefónica Viva alertó sobre los vacíos legales que ponen en riesgo la información privada de los usuarios del servicio, en lo referente a la exigencia de validación mediante sistemas biométricos. Partía de que la implementación de tecnologías biométricas es cada día mayor, mientras “su regulación es, siendo optimista, tímida”.
“Resulta preocupante la casual mención del trámite y uso de información y métodos biométricos en el proceso de contratación, ya que éste es un tema de interés público (al tratarse nada menos que la información de los ciudadanos en ausencia de un marco regulatorio adecuado)”,puntualizó la telefónica durante los debates.
Le preocupaba además la “minimización de la importancia del manejo de datos personales y el alto costo que implicaría para las empresas prestadoras una eventual consideración de este recurso como parte habitual del proceso de contratación de servicios públicos de telecomunicaciones”.
Altice, a su vez, planteaba que la implementación de validación por biometría, tenía que ir acompañada de una campaña de concienciación para que los ciudadanos permitan la recolección de sus datos biométricos.
