Las autoridades de Bielorrusia están usando redes de telefonía gestionadas por algunas de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo para reprimir la libertad de expresión y la disidencia. Así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.
El informe “Basta con que la gente crea que existe”: Sociedad civil, secretismo y vigilancia en Bielorrusia documenta cómo la potencial vigilancia sin límites ni control durante las 24 horas del día tiene un efecto debilitador en los y las activistas de ONG, ya que hace que tareas básicas —como acordar una reunión por teléfono— se vuelvan peligrosas.
“En un país en el que celebrar una manifestación o criticar al presidente puede implicar que te detengan, la mera amenaza de que las autoridades te estén espiando puede transformar la labor de los activistas en una tarea casi imposible”, ha señalado Joshua Franco, investigador sobre tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional.
Empresas de telecomunicaciones, incluidas las que son propiedad de Telekom Austria Group y Turkcell, permiten que esto suceda, ya que dan al gobierno un acceso casi ilimitado a las comunicaciones y datos de sus clientes. Para operar en Bielorrusia, es necesario facilitar a las autoridades acceso directo por control remoto a todas las comunicaciones telefónicas y de Internet de sus usuarios.
“Las empresas que operan en Bielorrusia están obligadas a aceptar que las autoridades accedan a todos los datos que quieran, cuando quieran. Así pues, si el KGB, por ejemplo, quiere espiar a sus usuarios, no necesita una orden judicial ni solicitar a la empresa que le dé acceso”, ha afirmado Joshua Franco.
“Las empresas de telecomunicaciones tienen una gran responsabilidad. La tecnología a menudo refuerza la libertad de expresión, pero en Bielorrusia el riesgo de represión ha aumentado con la expansión de la tecnología de las comunicaciones. Es fundamental que las empresas del sector se opongan a que se abuse de la tecnología de las comunicaciones con el propósito de cometer violaciones escandalosamente intrusivas de la intimidad y la libertad de expresión.
“El futuro de la libertad en Internet dependerá de que las empresas de telecomunicaciones pongan límites a los gobiernos que traspasan los límites de la intimidad y la libertad de expresión en lugar de obedecerlos mansamente para proteger sus márgenes de beneficios.”
La intensa vigilancia por parte del Estado tiene un efecto paralizante sobre el activismo
En Bielorrusia, el KGB y otros servicios de seguridad tienen acceso remoto, continuo y sin restricciones tanto a las comunicaciones en tiempo real como a los datos almacenados en redes telefónicas o de Internet.
El informe se basa en entrevistas con más de 50 activistas de derechos humanos, periodistas, abogados, miembros de la oposición política, expertos en tecnología y otras personas, en Bielorrusia o en el exilio, realizadas entre agosto de 2015 y mayo de 2016. Muestra el modo en que el miedo a la vigilancia tiene un impacto sobre la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación.
Los activistas contaron a Amnistía Internacional cómo el absoluto secretismo en torno a la vigilancia los obliga a dar por sentado que están sometidos a vigilancia en todo momento. Un periodista independiente, cuya identidad no desvelamos, afirmó:
“La mayoría de las personas no se atreven a hablar sin tapujos por teléfono. Es como si formara parte de su mentalidad. Asumes desde el principio que vives con miedo, que todo está mal, que no puedes controlarlo o cambiarlo. Por principio, si estoy hablando en un recinto cerrado, o por teléfono, o escribiendo correos electrónicos, doy por sentado que todo le llega al KGB.”
Tareas sencillas, como buscar financiación para sus organizaciones, hacer llamadas telefónicas o concertar reuniones, entrañan un gran riesgo, y los activistas temen que su información personal o financiera pueda ser utilizada para procesarlos, desacreditarlos o someterlos a chantaje.
Los activistas también describieron a Amnistía Internacional cómo la policía parece estar informada del momento y el lugar de celebración de reuniones, protestas y otras actividades públicas antes de que tengan lugar, aun cuando sólo se haya hablado de ellas en conversaciones telefónicas privadas.
“Para los y las activistas de derechos humanos en Bielorrusia, el encriptado es la última línea de defensa frente un Estado represor y su poderoso aparato de vigilancia. Cualquier gobierno que pretenda debilitar el encriptado y desplegar una mayor vigilancia debe ser consciente de las posibles consecuencias para los derechos humanos”, ha declarado Joshua Franco.
Las autoridades bielorrusas tienen acceso sin restricciones a las comunicaciones
La legislación de Bielorrusia obliga a las empresas a que sus redes sean compatibles con el sistema técnico SORM (acrónimo de “Sistema de Hardware para Operaciones de Búsqueda”), que da a las autoridades acceso a las comunicaciones sin siquiera tener que pedírselo al operador ni informarle de ello. Las empresas deben, además, almacenar los datos sobre los dispositivos y los servicios de Internet de sus clientes durante 5 o incluso 10 años para que las autoridades puedan seguir accediendo a ellos de forma remota.
Existe un control muy limitado y no hay ningún registro público sobre la frecuencia de uso de dicho sistema y su propósito. Las justificaciones legales para la vigilancia son extremadamente imprecisas. Por ejemplo, las amenazas a la seguridad nacional pueden justificar la vigilancia. Ahora bien, la legislación de Bielorrusia identifica 30 tipos diferentes de amenazas a la seguridad nacional, como “el deterioro del bienestar y la calidad de vida”, “el aumento del desempleo”, “la calidad inadecuada y deficiente de la inversión extranjera”, “los intentos de destruir las tradiciones nacionales espirituales y morales y las revisiones sesgadas de la historia”. Las autoridades pueden iniciar la vigilancia sin contar con la aprobación de un tribunal o de un juez.
Amnistía Internacional insta al gobierno de Bielorrusia a que establezca controles y contrapesos en las prácticas de vigilancia para que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.
Asimismo, Amnistía Internacional pide a las empresas de telecomunicaciones que poseen total o parcialmente operadoras en Bielorrusia que se opongan a las leyes que no les permiten proteger la intimidad de sus clientes, y los informen de que las autoridades tienen acceso a sus datos en todo momento.
Empresas internacionales de telecomunicaciones implicadas
Las tres mayores operadoras de telefonía móvil en Bielorrusia son parcialmente propiedad de empresas extranjeras:
- Velcom es una una filial exclusiva de Telekom Austria Group. Telekom Austria dijo a Amnistía Internacional que estaba obligada a respetar la legislación bielorrusa. No publica información sobre cómo se gestiona el acceso a los datos de los clientes de Velcom. Telekom Austria pertenece mayoritariamente a América Móvil. América Móvil no ha respondido a las cartas de Amnistía Internacional.
- El 80 por ciento de Life:) pertenece a la empresa turca Turkcell, y el 38 por ciento de ésta es propiedad de la empresa sueca Teliasonera. Teliasonera contó a Amnistía Internacional que su política de empresa es contraria al acceso directo a los datos de telecomunicaciones, pero sostiene que no puede asumir responsabilidades por la manera de actuar de Turkcell porque no es la accionista mayoritaria. Turkcell no ha respondido a las cartas de Amnistía Internacional.
- MTS está participada por la empresa rusa MTS y por Beltelecom, la empresa pública de telecomunicaciones de Bielorrusia. MTS (Bielorrusia) no ha respondido a las cartas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional cree que dichas empresas están vulnerando normas sobre las empresas y los derechos humanos firmemente consolidadas. En virtud de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, de la ONU, las leyes nacionales de los países en los que opere una empresa no pueden servir para justificar abusos contra los derechos humanos.
“La vigilancia intrusiva no es un fenómeno nuevo en Bielorrusia; lo que ha cambiado es que la tecnología la está llevando a otro nivel. Las autoridades tienen hoy a su disposición un vasto aparato de vigilancia que les permite acceder sin restricciones a la vida privada de las personas. El KGB puede usar los registros de ubicación de teléfonos móviles para saber dónde y con quién están determinadas personas. Los teléfonos móviles son ahora como policías en los bolsillos de las personas,” ha declarado Joshua Franco.
